El Canal de Isabel II ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Tajo autorización para captar hasta 50 millones de metros cúbicos anuales del río Sorbe, una petición registrada este 24 de agosto que ha encendido todas las alarmas en la provincia de Guadalajara.

La propuesta madrileña contempla derivar 8.000 litros por segundo desde la presa del Pozo de los Ramos para abastecer a la región vecina, amparándose en un decreto ministerial que data de agosto de 1954, hace más de siete décadas.
La respuesta desde Guadalajara no se ha hecho esperar. Ecologistas en Acción Guadalajara, WWF y su grupo local han presentado ya alegaciones formales contra el proyecto, alertando de que la concesión pondría en serio riesgo el suministro de agua de unas 400.000 personas que viven en el Corredor del Henares. Actualmente, esa población consume alrededor de 45 millones de metros cúbicos al año, gestionados por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Duplicar la extracción dejaría el caudal al límite.
Las organizaciones conservacionistas señalan que el impacto no sería solo sobre los vecinos sino también sobre el medio natural. La cuenca del Sorbe alberga especies autóctonas protegidas en Castilla-La Mancha como la bermejuela, la colmilleja o la trucha común, además de hábitats de bosque de ribera donde viven la nutria y el desmán ibérico, una de las especies más amenazadas de Europa.
El contexto no puede ser más delicado. La Sierra Norte de Guadalajara todavía trata de recuperarse de un devastador incendio que arrasó 33.000 hectáreas, y reducir el caudal del río agravaría aún más el deterioro ambiental de una comarca herida. A eso se suma que las precipitaciones en la provincia han caído más de un 20% a lo largo de este siglo, lo que convierte al Sorbe en un recurso cada vez más escaso y precioso.
Lo que en 1954 podía considerarse un remanente aprovechable hoy es el eje vital de casi medio millón de personas y de numerosos polígonos industriales que sostienen la economía del eje del Henares. Reactivar una concesión obsoleta ignorando la realidad hídrica actual supondría, según los colectivos, una decisión tan injusta como irresponsable.
Las alegaciones presentadas abren ahora un periodo en el que la Confederación Hidrográfica del Tajo deberá valorar si el agua del Sorbe puede atender también a Madrid o si, como denuncian desde Guadalajara, ya no hay ni una gota que sobre.
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