Un docente de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid ha sido sancionado con tres años y seis meses de suspensión de empleo y sueldo tras un incidente ocurrido el pasado 11 de septiembre de 2025, apenas tres días después del inicio del curso académico.
La resolución, firmada el pasado 9 de junio por el Rectorado cuando aún lo encabezaba Antonio Largo Cabrerizo, declara al profesor colaborador del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación responsable de tres faltas disciplinarias de distinta gravedad.
Los hechos se remontan a aquella mañana de septiembre, cuando un grupo de estudiantes entró sin autorización en un laboratorio del edificio de la Escuela, ubicado en el Paseo del Cauce. El profesor, doctor por la Universidad de Oviedo y con más de tres lustros vinculado a la institución vallisoletana, intentó que los alumnos abandonaran el recinto. Al no conseguirlo, cerró la puerta del laboratorio y fue a buscar al conserje para que resolviera la situación.
Sin embargo, según el propio relato del docente recogido en un correo interno, el conserje reconoció que tampoco tenía capacidad para desalojar el espacio y optó simplemente por abrir la puerta. Los estudiantes permanecieron en el laboratorio con libre acceso hasta que decidieron marcharse por su cuenta, momento en el que ocuparon también el despacho del profesor.
El docente negó en todo momento que los alumnos hubieran sido encerrados, pero la denuncia presentada ante la universidad desencadenó una información reservada que derivó en el expediente disciplinario.
La sanción más grave, que conlleva tres años y seis meses de suspensión, se ampara en el Estatuto Básico del Empleado Público por «la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos». A ello se suma una suspensión adicional de siete meses por «grave falta de consideración con los administrados», más un apercibimiento por incumplimiento de deberes funcionariales.
La sanción entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. El profesor, que no ha hecho declaraciones públicas al respecto, aún tiene la posibilidad de interponer demanda ante el Tribunal de lo Social de Valladolid para impugnar la resolución.
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