La Comunidad de Madrid ha anunciado un cambio en el modelo de contratación de las escuelas infantiles de gestión indirecta que afectará directamente a las condiciones laborales de las educadoras de la etapa 0 a 3 años. La medida llega en plena huelga indefinida del sector y supone uno de los anuncios más esperados de los últimos meses.
El Gobierno regional introducirá incentivos en los nuevos contratos para aquellas empresas licitadoras que mejoren las retribuciones de sus trabajadoras. Eso sí, con una condición: las subidas salariales estarán ligadas a la realización de cursos de formación permanente que ofertará la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. El objetivo declarado es que el desarrollo profesional de las educadoras se traduzca en una mejora real de sus salarios.
Por el momento, la Administración autonómica no ha concretado de qué forma se materializarán esos incentivos, si serán aportaciones económicas directas o beneficios de carácter fiscal, ni tampoco qué porcentaje de subida salarial deberán garantizar las empresas para poder acceder a ellos.
Junto a esta novedad, los nuevos contratos también recogerán la figura de la pareja educativa, es decir, la presencia de dos educadoras por aula. Esta medida ya existía en los centros de gestión directa de la Comunidad, y ahora se extenderá a los de gestión indirecta, que son la mayoría. Se trata de una de las reivindicaciones históricas del colectivo, junto a la reducción de la ratio de alumnos por educadora.
Estas medidas se enmarcan en el paquete de anuncios que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado en el debate del estado de la región. Llegan después de meses de presión por parte de las trabajadoras del sector, que desde abril se han movilizado para exigir mejores condiciones: menos alumnos por aula, atención más individualizada, inversión en infraestructuras y mejoras salariales. El arranque del curso escolar ha coincidido con la reanudación de una huelga indefinida y una acampada en la Puerta del Sol que ha puesto el foco sobre esta etapa educativa.
La Consejería también prevé dar más voz a las familias en los centros públicos de 0 a 3 años mediante encuestas anuales de satisfacción, cuyos resultados se usarán para evaluar la calidad del servicio.
Ahora queda pendiente conocer los detalles concretos de cada medida y si estas iniciativas logran desbloquear el conflicto que lleva meses alterando la rutina de miles de familias madrileñas.
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