Sindicalistas y representantes políticos de León se concentraron este viernes frente a la sede de UGT en la Gran Vía de San Marcos para condenar la agresión física y verbal sufrida el pasado martes por una trabajadora del sindicato a manos de una mujer que, según denuncian, lleva años hostigando a sus miembros de forma casi diaria.
La imagen de la trabajadora en el suelo, rodeada de insultos como «violadores de niños» y «etarras», recorrió los medios de todo el país y encendió las alarmas sobre un problema que el sindicato lleva tiempo alertando. Lo más inquietante, según relataron en la concentración, es que al día siguiente la misma mujer volvió a presentarse en la sede y continuó con las amenazas por teléfono. No es su primer episodio: también agredió con anterioridad a una concejala del Ayuntamiento de León y protagonizó otros incidentes públicos.
Enrique Reguero, secretario general de UGT en León, tomó la palabra ante un nutrido grupo de compañeros de sindicatos y políticos, entre ellos el alcalde de la ciudad, varios concejales y el presidente de la Diputación. Todos coincidieron en señalar que ser sindicalista no puede ser tratado como un delito cuando es un derecho recogido en la Constitución.
Reguero fue directo al señalar el origen de esta violencia: los discursos de odio que, a su juicio, se propagan desde partidos de extrema derecha y derecha hacia las calles. «Así empezó el nazismo, mandando grupos a la calle a increpar. Esto es un corta-pega de lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial», afirmó sin rodeos.
También intervino Óscar Lobo, quien insistió en que lo sucedido el martes «no es un hecho aislado» sino el resultado de un clima de señalamiento y violencia que se viene instalando desde hace tiempo. «Se pasó una línea roja en nuestra tierra», advirtió.
El sindicato ya ha puesto en marcha las acciones judiciales correspondientes y ha pedido que las instituciones respondan con contundencia, sin silencios ni equidistancias. Desde UGT subrayan que su respuesta no se limitará a los tribunales: exigen también un posicionamiento firme y claro por parte de quienes gobiernan, porque, en sus propias palabras, «el odio genera violencia y altera nuestro clima de convivencia».
León ha dicho basta. La pregunta ahora es si las instituciones estarán a la altura.
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