El sindicato CSIF ha lanzado una seria advertencia sobre la drástica reducción del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha justo cuando la región cierra uno de los veranos más devastadores de su historia reciente.
Según el sindicato, está previsto que el 22% del operativo se desactive este mismo jueves y que el próximo 25 de septiembre se suprima otro 60% adicional. En apenas siete días, solo 17 autobombas permanecerán operativas en toda la comunidad autónoma, una cifra que CSIF considera absolutamente insuficiente para afrontar la realidad actual de las emergencias.
La campaña que ahora termina ha dejado una huella brutal: más de 41.000 hectáreas quemadas y 1.187 incendios registrados desde enero, frente a las 4.100 hectáreas arrasadas en el mismo periodo del año anterior. Casi 37.000 hectáreas más destruidas que en 2025.
«No somos temporeros del fuego, somos un servicio de emergencias», ha afirmado Ana Nares, trabajadora y delegada sindical de CSIF en Geacam, la empresa pública encargada de gestionar estos medios. El sindicato insiste en que el riesgo no desaparece con el calendario estival y que estos profesionales intervienen ya en inundaciones, nevadas, episodios de viento extremo y danas, no solo en incendios forestales.
A los problemas estructurales del dispositivo se suma la precariedad laboral. Cerca de 700 trabajadores, el 32% de la plantilla, encadenan contratos de apenas 103 días durante años. CSIF denuncia que durante la propia campaña se incorporaron efectivos con solo cinco días de formación, incluso en puestos de responsabilidad. «Leer un incendio o anticiparse a un cambio de viento no se aprende en cinco días», ha subrayado el delegado Juan Saiz.
Las condiciones de trabajo descritas por el sindicato resultan especialmente duras: jornadas de 12 horas encadenadas sin descanso, vehículos que salen con menos personal del previsto, barracones sin ventilación ni material higiénico básico y hasta ocho personas compartiendo habitación.
Ante esta situación, CSIF exige ampliar la campaña a un mínimo de seis meses y aumentar la plantilla de manera estable, sin depender de contrataciones de urgencia que ponen en riesgo tanto a los propios trabajadores como a los territorios que protegen.
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