Las asociaciones de memoria histórica y democrática de Extremadura han dado un paso más en su pugna contra la Cruz de los Caídos de Cáceres, anunciando que presentarán alegaciones al expediente abierto por la Junta para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC) y recurriendo al Defensor del Pueblo para que intervenga en el conflicto.
La queja ante esta institución fue presentada el pasado 28 de agosto y tiene un objetivo concreto: que el Defensor determine si la declaración BIC impulsada por la Junta puede servir para bloquear el cumplimiento de la orden de retirada del monumento dictada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Dicho plazo expiró el 25 de agosto sin que el Ayuntamiento de Cáceres haya ejecutado la resolución.
Los colectivos sostienen que el expediente de la Junta responde a un acuerdo político entre PP y Vox con el que se busca «garantizar la permanencia de un monumento levantado para homenajear a los vencedores de la Guerra Civil». Recuerdan que la Cruz fue promovida por el Ayuntamiento franquista de Cáceres en 1937, inaugurada en plena contienda bélica e incorporó originalmente simbología falangista y lemas de exaltación del régimen.
A pesar de que las inscripciones en la base fueron modificadas con el paso del tiempo, las asociaciones insisten en que «su origen, finalidad y significado histórico continúan vinculados a la exaltación de la dictadura franquista» y exigen su retirada del espacio público. Más de 3.600 personas han firmado ya ese respaldo.
La polémica ha tomado además una dimensión académica de calado. Dos historiadores de referencia, César Rina, profesor de Historia Contemporánea de la UNED y cacereño, y Miguel Ángel del Arco, catedrático de la Universidad de Granada y especialista en simbología franquista, han denunciado públicamente que sus investigaciones fueron incorporadas al expediente para justificar precisamente lo contrario de lo que concluyen sus estudios.
Este hecho ha llevado a los colectivos a exigir la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta, a quien responsabilizan de un procedimiento que, a su juicio, «está deteriorando la credibilidad de las instituciones culturales extremeñas».
No es la primera vez que este monumento genera debate institucional. El pleno municipal ya aprobó por unanimidad en diciembre de 2004 su traslado al cementerio municipal, acuerdo que nunca llegó a ejecutarse.
Las asociaciones memorialistas han advertido que mantendrán su presión hasta lograr la retirada definitiva del monumento.
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