Los exalcaldes de Muñoveros se desmarcan de la planta de biometano y apuntan a la Junta como única responsable

Los dos exregidores del municipio segoviano de Muñoveros han salido a la palestra para rechazar cualquier responsabilidad en la tramitación de la planta de biometano proyectada en el término municipal, un asunto que ha envenenado la convivencia en el pueblo durante los últimos años y que acabó forzando su dimisión.

Los exalcaldes de Muñoveros se desmarcan de la planta de biometano y apuntan a la Junta como única responsable

Luis Miguel Borreguero y Gema Cabrero coinciden en su versión: el Ayuntamiento nunca tomó partido por los intereses de la empresa promotora, la sociedad Albio, y su actuación se limitó estrictamente a cumplir con las obligaciones administrativas que marca la ley.

El conflicto arrancó en 2023, cuando tanto el equipo de gobierno como los propios vecinos tuvieron noticia por primera vez de los planes de Albio para instalar una planta de biometano en una parcela próxima al municipio. Desde el principio, según recuerda Borreguero, el Consistorio intentó reconducir la ubicación propuesta por la empresa hacia un emplazamiento más alejado del casco urbano y cercano a la planta de purines de Turégano.

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Sin embargo, el malestar vecinal fue creciendo a medida que el proyecto avanzaba. En 2024 se organizó una reunión con técnicos de Albio para resolver las dudas de los habitantes, pero el encuentro no logró calmar los ánimos. En 2025, Muñoveros se sumó a las protestas que ya habían protagonizado otros pueblos de la provincia como Pinarejos, y comenzaron las acusaciones cruzadas entre vecinos e instituciones.

Borreguero es rotundo al respecto: ni él a título personal ni la corporación que presidía presentaron proyecto alguno ni respaldaron a la empresa en ningún momento. Según explica, el Ayuntamiento únicamente tramitó el expediente de compatibilidad urbanística, una obligación reglada que no implica decisión política alguna. Presentar esa gestión como un posicionamiento del municipio, advierte, supone una distorsión que confunde a la ciudadanía.

Tanto él como su sucesora en el cargo subrayan que la autorización definitiva de la instalación corresponde en exclusiva a la Junta de Castilla y León, que deberá valorar las decenas de alegaciones en contra presentadas por particulares y asociaciones, y que fueron debidamente recibidas y tramitadas por el propio Consistorio.

La situación en Muñoveros sigue siendo tensa. Las dimisiones de ambos alcaldes, lejos de cerrar el debate, han dejado al descubierto la profunda fractura que la polémica planta ha generado en una pequeña localidad segoviana que reclama ser escuchada.