Los sindicatos docentes de Ávila exigen una normativa clara para las actividades escolares fuera del aula

Los sindicatos de enseñanza presentes en Ávila han elevado su voz ante la Consejería de Educación de Castilla y León para reclamar una regulación específica que ampare y ordene las salidas extraescolares que realizan los centros educativos de la provincia.

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La demanda toma como modelo lo ya aprobado en Aragón, comunidad que ha desarrollado un marco normativo propio para este tipo de actividades y que, según los representantes sindicales, podría servir de referencia directa para mejorar las condiciones tanto del alumnado como del profesorado que acompaña estas salidas.

Desde los sindicatos señalan que la ausencia de una normativa actualizada genera situaciones de desprotección e inseguridad jurídica para los docentes, que en muchas ocasiones deben asumir responsabilidades que van más allá de lo razonable sin respaldo legal suficiente.

La propuesta pasa por establecer criterios homogéneos en aspectos como los ratios de acompañamiento, los seguros de responsabilidad, los protocolos ante imprevistos y la distribución de tareas entre el personal del centro durante las jornadas fuera del aula.

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Los representantes sindicales sostienen que esta falta de regulación también afecta directamente a la calidad educativa de estas actividades, que forman una parte esencial del aprendizaje en etapas como la Educación Primaria y la Secundaria.

El caso de Aragón, que ya ha dado pasos concretos en esta dirección, demuestra que es posible ordenar este ámbito sin que ello suponga una carga burocrática añadida para los equipos docentes, sino todo lo contrario: una herramienta que aclara competencias y protege a quienes organizan y dirigen estas experiencias.

Los sindicatos esperan que la Consejería tome en consideración esta petición y abra una mesa de diálogo antes de que finalice el presente curso escolar, con el objetivo de que cualquier nueva regulación pueda aplicarse de forma efectiva en el próximo.

Por el momento, la pelota queda en el tejado de la administración educativa regional, que deberá decidir si sigue el ejemplo aragonés o mantiene el actual vacío normativo que tanto preocupa al sector en Ávila y en el resto de Castilla y León.