Los inquilinos del número 8 de la calle Santa Clara llevan ya dos semanas fuera de sus hogares tras el desalojo ordenado por el Ayuntamiento de Santander al detectarse un fallo estructural en el inmueble. Ahora, la empresa propietaria les ha comunicado que los trabajos de apuntalamiento y refuerzo se prolongarán como mínimo tres meses más, muy lejos del plazo inicial de 15 días que se les había indicado.
El pasado domingo se cumplía el período previsto para que los vecinos pudieran regresar a sus casas, pero la notificación oficial del Ayuntamiento no ha llegado. Lo que sí recibieron fue la información directa de Global Cuena, empresa dueña del edificio, que les trasladó la ampliación del plazo y les pidió que buscaran un piso de alquiler mientras duran las obras.
La empresa se ha ofrecido a costear hasta 1.000 euros mensuales de alquiler. Sin embargo, los propios afectados señalan que en su zona los pisos de la mitad de tamaño que los suyos superan los 1.300 euros al mes, lo que deja una brecha económica significativa para las familias desplazadas.
Entre los inquilinos se encuentran un matrimonio que también regenta una peluquería en el propio edificio, una pareja joven con su madre y dos hermanas. Todos ellos llevan semanas buscando soluciones temporales de alojamiento en una ciudad con un mercado del alquiler especialmente tensionado.
Las obras arrancaron por los bajos del inmueble, donde también permanecen cerrados el bazar El Vecino y el supermercado BM, ambos con carteles en sus escaparates que informan del cierre temporal por obras. La empresa propietaria, según fuentes municipales, también estaría ofreciendo soluciones económicas a estos negocios afectados.
El problema tuvo su origen cuando Global Cuena adquirió la totalidad del edificio y emprendió una reforma interior para convertirlo en apartamentos. Tras demoler tabiquería en buena parte del inmueble, las pruebas realizadas sobre la estructura revelaron que no podía garantizarse la seguridad del edificio, lo que obligó al desalojo urgente.
No es la primera vez que estos vecinos viven una situación de incertidumbre. Hace dos años ya denunciaron públicamente que la nueva propiedad pretendía echarles para destinar el inmueble a uso vacacional. La empresa lo desmintió entonces mediante una carta. Ahora, aunque el motivo es otro, la angustia de no saber cuándo podrán volver a casa ha regresado con fuerza.
El Ayuntamiento de Santander no ha recibido quejas formales sobre la gestión de la empresa propietaria en este proceso.
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