La Comunidad de Madrid ha admitido oficialmente que en algunos de sus hospitales públicos no es posible asegurar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, principalmente por la objeción de conciencia de parte del personal sanitario. Para cubrir este vacío, el Gobierno regional ha optado por contratar centros privados acreditados.
El reconocimiento aparece en un documento publicado en el portal de contratación autonómico, en el que se recoge un acuerdo marco para la prestación de servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Hospital Universitario El Escorial. En él se justifica el recurso a la sanidad privada por la «imposibilidad» del Servicio Madrileño de Salud de asumir la totalidad de estos procedimientos.
El texto señala expresamente que en algunos centros hospitalarios de la región «no se puede asegurar» la realización de abortos, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Por ello, concluye que es necesario recurrir a entidades externas para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres con derecho a atención sanitaria pública.
Los datos respaldan esta realidad de forma contundente. Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 se realizaron en Madrid 18.149 abortos voluntarios, de los cuales apenas 86 tuvieron lugar en centros públicos. Eso supone tan solo el 0,47% del total. El 99,53% restante se llevó a cabo en clínicas y hospitales privados.
Desde la Consejería de Sanidad madrileña han matizado que cualquier hospital público «puede dar esta prestación» y que el Sermas «garantiza» tanto el servicio como «la absoluta libertad del médico para objetar». Una declaración que no ha calmado las críticas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, también portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, ha reaccionado con dureza a través de las redes sociales, acusando al Ejecutivo autonómico de estar «incumpliendo la ley a sabiendas» al impedir a las mujeres ejercer su derecho a abortar en la sanidad pública. García ha exigido la creación de un registro de objetores de conciencia y que se garantice la prestación en todos los hospitales públicos de la región.
El debate vuelve así a poner en el centro de la conversación política y sanitaria un derecho que, sobre el papel, está reconocido por ley, pero que en la práctica sigue siendo de difícil acceso a través de la red hospitalaria pública madrileña.
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