El sistema de protección a la infancia en Mallorca ha llegado a un punto de inflexión. Por primera vez en su historia, el Institut Mallorquí d’Afers Socials tiene bajo su tutela a 503 menores migrantes no acompañados, una cifra que ha encendido todas las alarmas entre los responsables de la institución.
El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, no ha dudado en calificar la situación de colapso. Según ha advertido, el sistema de acogida y protección de menores en la isla no está preparado para absorber un volumen de llegadas como el que se está registrando en los últimos años.
Los datos hablan por sí solos. Desde 2019, el número de menores migrantes no acompañados que llegan a Mallorca ha crecido un 625 por ciento. Un incremento que desborda la capacidad de recursos humanos, infraestructuras y financiación con la que cuenta actualmente el IMAS para atender a estos chicos y chicas.
Sánchez ha reclamado de forma urgente la intervención del Estado. Según ha señalado, no es posible que las instituciones locales y autonómicas carguen solas con una responsabilidad que corresponde al conjunto del país. La demanda incluye tanto recursos económicos como medidas concretas de coordinación nacional para hacer frente a este fenómeno.
Detrás de cada número hay una historia. Estos 503 menores, en su mayoría procedentes del norte de África, han llegado solos a la isla tras travesías de alto riesgo, sin familia y sin red de apoyo. El IMAS asume su tutela legal y tiene la obligación de garantizarles techo, alimentación, atención sanitaria, educación y acompañamiento social.
La situación pone de relieve una tensión que se repite en muchos puntos del litoral español: la desproporción entre la magnitud del fenómeno migratorio y los medios reales de los que disponen los territorios para responder con dignidad y eficacia.
El llamamiento desde Mallorca es claro: sin una respuesta estatal a la altura, el sistema acabará por romperse, y las consecuencias las pagarán, sobre todo, los más vulnerables.
