El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha ingresado en el centro penitenciario de Picassent para comenzar a cumplir su condena por el caso de corrupción más sonado de la historia reciente de Valencia. El conocido como ‘yonki del dinero’ lo hizo de forma voluntaria tras recibir el aviso de la Audiencia de Valencia.
La Audiencia Provincial le comunicó la firmeza de la sentencia, ya ratificada por el Tribunal Supremo, y le concedió un plazo de 15 días para presentarse en prisión. Benavent no esperó al límite y cumplió el trámite antes de tiempo.
La condena impuesta asciende a siete años y diez meses de prisión por delitos de prevaricación, malversación, falsedad y blanqueo de capitales. Todo ello en el marco de la primera pieza del caso Imelsa, conocida como la de Thematica.
El día en que la Audiencia le notificó su obligación de ingresar en prisión, Benavent compareció ante los medios con una actitud llamativamente tranquila. Aseguró que afrontaba la situación «bien» y relativizó su suerte comparándola con la de quienes sufren guerras, terremotos o inundaciones. «Es lo que hay», llegó a decir.
El caso Imelsa sacudió a la institución provincial valenciana hace más de una década. Las primeras grabaciones con supuestas irregularidades llegaron a la Fiscalía en 2014, de la mano de Esquerra Unida, y los primeros arrestos se produjeron en enero de 2016. Desde entonces, el procedimiento judicial ha sido largo y complejo.
En este primer juicio quedaron al descubierto manejos irregulares en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que Benavent era titular del 40% de manera encubierta. Los contratos afectados incluían campañas electorales del PP, servicios de Bibliobús del Ayuntamiento de Valencia y el evento Metamorphosis celebrado en el MuVIM.
Benavent no fue el único condenado. Junto a él, el tribunal también castigó al administrador de Thematica Events, Rafael García Barat, con nueve años y dos meses. Francisca Tamarit, exjefa de servicio de Acción Cultural del Ayuntamiento, recibió cinco años de cárcel. Otros implicados vinculados a empresas que emitieron facturas por trabajos inexistentes recibieron penas de entre siete meses y año y medio.
Con el ingreso en Picassent se cierra el primer capítulo judicial de un escándalo que aún tiene pendientes más piezas por resolver. Para muchos vecinos de Valencia, este día supone que la justicia, aunque tarde, acaba llegando.
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