La Diputación de Valladolid ha concluido el rastreo de cubiertas con amianto en los 43 municipios más poblados de la provincia y el resultado es preocupante: 17.287 edificaciones, entre públicas y privadas, acumulan más de tres millones de metros cuadrados de este material cancerígeno que la ley ya prohíbe y que obliga a retirar antes de 2028 en los casos de mayor riesgo.
El inventario ha sido elaborado por la empresa Bureau Veritas Inspección y Testing y abarca los pueblos vallisoletanos que superan los 650 habitantes, dejando fuera a la capital y a otros grandes núcleos como Laguna de Duero, Medina del Campo y Arroyo de la Encomienda, que cuentan con censos propios al superar los 20.000 vecinos.
El municipio con más edificios afectados es Pedrajas de San Esteban, con 808 casos registrados, seguido de Tordesillas, Olmedo, Tudela de Duero y Portillo, todos ellos con más de 700 inmuebles en los que se ha detectado presencia de este material. En el extremo opuesto, Fuensaldaña, Renedo de Esgueva, Viana de Cega y La Cistérniga son los que presentan menor número de casos.
Si la medida es la superficie contaminada, Tordesillas encabeza la lista con más de 257.000 metros cuadrados afectados, seguida de Íscar y Peñafiel.
Sin embargo, la cantidad no lo es todo. La peligrosidad real de cada edificio se calcula aplicando una fórmula que tiene en cuenta hasta ocho factores: la localización del amianto, si está al aire libre o en espacios cerrados, el número de personas expuestas, su estado de conservación o su capacidad para liberar fibras al romperse, entre otros. El resultado clasifica cada caso en riesgo bajo, medio o alto.
Son precisamente los de riesgo alto en espacios públicos los que deben estar retirados antes de 2028, según marca la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en 2022, una norma que, reconocen desde la institución provincial, ya lleva retraso en su aplicación.
La Diputación tiene previsto remitir a los ayuntamientos afectados una propuesta de calendario de retirada a mediados de septiembre, para que cada consistorio revise los casos detectados en su término y planifique las actuaciones. Así lo explicó el responsable del servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la institución, que aseguró que se ha «pisado el acelerador» en este proceso.
El segundo contrato, el que afecta a los municipios más pequeños de la provincia, sigue aún en estudio.
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