El área restringida del centro de Santander acumula ya miles de sanciones desde que el Ayuntamiento comenzara a multar en abril, tras meses de rodaje sin consecuencias económicas para los conductores infractores.
El Ayuntamiento de Santander registró 3.239 posibles sanciones relacionadas con infracciones a la Zona de Bajas Emisiones entre los meses de abril y julio de este año. De ellas, ya han sido validadas 2.697, y 2.308 corresponden a matrículas distintas. La mayoría de los vehículos sancionados, en concreto 1.989, acumula una sola infracción.
Estos datos los ofreció el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, durante el último pleno municipal, en respuesta a una pregunta formulada por Vox, partido que desde el principio se ha mostrado muy crítico con esta normativa.
La zona afectada es relativamente pequeña. Abarca el perímetro delimitado por las calles Lealtad, Rualasal, Guevara, Santa Lucía, Sol, Casimiro Saiz, Paseo de Pereda y Calvo Sotelo, lo que supone apenas el 0,6% de la superficie total de la ciudad, en torno a 200.000 metros cuadrados donde residen unas 5.900 personas.
Desde que la ordenanza entró en vigor en enero, se han contabilizado 2,4 millones de pasos de vehículos por el área restringida. Sin embargo, las sanciones no comenzaron a aplicarse hasta abril. El motivo fue un problema técnico: el sistema de recogida de datos de la empresa concesionaria, Eysa, no era compatible con la tecnología utilizada por la Policía Local, lo que dejó los tres primeros meses del año sin ninguna multa.
La norma limita el acceso a vehículos considerados más contaminantes: los de gasoil anteriores a 2006 y los de gasolina anteriores a 2001. Quedan exentos los coches con etiqueta 0, ECO, C y B, así como residentes, trabajadores de la zona, personas con discapacidad, motos, taxis, vehículos de servicios y quienes accedan a los aparcamientos públicos del área. Estos últimos disponen de unos 30 minutos para entrar y salir si no encuentran plaza.
La sanción por incumplir la norma es de 200 euros, aunque se reduce a 100 euros si se abona con prontitud.
Cabe recordar que el equipo de gobierno del Partido Popular tardó en poner en marcha esta medida por no considerarla necesaria. Fue la amenaza del Ministerio de Transportes de retirar fondos a los ayuntamientos que no la implantaran lo que acabó acelerando su puesta en marcha en la capital cántabra.
