El debate en torno a la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid vuelve a encenderse. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno formado por PP y Vox continúa imponiendo sanciones a los conductores que acceden a esta zona, pese a que la ordenanza que la regula fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el pasado 16 de marzo de 2026.
Según los datos facilitados por la propia Concejalía, desde la entrada en vigor de la ZBE el 1 de enero de 2025 hasta el mes de junio de este año se han abierto un total de 23.298 expedientes por infracciones en esta zona. Los socialistas han hecho sus cálculos: aproximadamente 70 multas diarias a 200 euros cada una suponen unos 14.000 euros recaudados cada día en una normativa que, según la justicia, no debería estar en vigor.
El portavoz socialista Pedro Herrero ha cargado contra el alcalde Jesús Carnero señalando que «transcurre el tiempo sin una solución definitiva» y que ni siquiera existe una fecha prevista para resolver la situación legal. Para el PSOE, todo esto genera una «inseguridad política» inaceptable para los vecinos.
La oposición también ha cuestionado la utilidad de los mecanismos puestos en marcha por el gobierno local. El Grupo de Trabajo Técnico para el seguimiento de la ZBE, creado en noviembre de 2025, solo se ha reunido una vez en ocho meses. El Comité municipal, creado un mes después, apenas acumula dos reuniones. Luis Vélez, miembro de la agrupación socialista, ha calificado estos órganos de herramientas para «distraer a la opinión pública».
El gobierno local, por su parte, ha salido al paso de las críticas. El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha insistido en que la ordenanza sigue en vigor y que se está redactando una nueva normativa que incorporará los criterios derivados de las sentencias judiciales. Gutiérrez también ha recordado que en la última junta de gobierno se aprobó una modificación del plan de movilidad urbana y del plan de calidad del aire como paso previo a esa nueva ordenanza.
Además, el concejal ha aprovechado para señalar que el PSOE defendía en su momento una zona de mayor extensión, de 3,2 kilómetros cuadrados, frente al perímetro de 1,1 kilómetros que el equipo de gobierno acabó aprobando.
Mientras tanto, los vecinos de Valladolid siguen sin saber con certeza a qué atenerse cada vez que circulan por el centro de la ciudad.
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