La reciente decisión del Tribunal Supremo sobre el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas en Valladolid, conocido popularmente como ‘alcalde B’, ha generado un impacto significativo en la política local. Este puesto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), y la resolución del Supremo no admite ningún recurso, dando por firme su dictamen.
La creación de este puesto se llevó a cabo en agosto de 2023, mediante una resolución de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Sin embargo, el TSJCyL argumentó que su instauración no se había realizado de acuerdo a los procedimientos legales, ya que requería una modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento antes de su inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo.
El Ayuntamiento de Valladolid, bajo el mandato de Jesús Julio Carnero, intentó recurrir la decisión de los tribunales, pero su recurso fue considerado inadmisible. La falta de una justificación sólida para la casación es uno de los principales motivos que llevaron a esta inadmisibilidad.
Con esta decisión, se imponen además las costas procesales al Ayuntamiento, que deberá pagar un máximo de 2.000 euros, lo que añade una carga adicional a las ya cuestionadas decisiones económicas del gobierno local. Esto también refuerza la percepción de que las decisiones sobre la estructura administrativa de la ciudad no siguen el marco legal adecuado.
El Grupo Municipal Socialista, que interpuso el recurso en primera instancia, ha calificado este nuevo revés judicial como una forma de evidenciar una mala práctica política por parte de Carnero. Desde su perspectiva, el cargo fue creado sin una necesidad justificada, únicamente para asegurar un apoyo personal durante su ausencia en el Senado.
El coste del ‘alcalde B’ para las arcas municipales ha sido objeto de críticas, alcanzando un total de 627.048 euros durante el mandato. Esta cifra incluye el salario del director y del secretario adjunto, lo que ha generado preocupaciones entre los ciudadanos sobre la viabilidad de la gestión de los recursos públicos.
El Ayuntamiento había intentado corregir la situación resolviendo modificar su Reglamento Orgánico, pero estas modificaciones son vistas por la oposición como insuficientes. Según los socialistas, se trató de una maniobra para blindar un puesto que no tiene cabida en la estructura administrativa real de Valladolid.
A medida que el caso avanza, se espera que la discusión sobre la justificación y utilidad de este puesto continúe en los plenos municipales, donde el PSOE planea insistir en llamar la atención sobre la falta de transparencia y control en la gestión pública, lo que aún está en desarrollo.