El Procurador del Común ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a atender las deficiencias en una vivienda del programa de Viviendas Blancas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA). Esta resolución llega tras la queja de Patricia García, inquilina de un piso en la barriada de Arturo Eyries, quien ha señalado múltiples problemas en su hogar desde que se mudó hace año y medio. La queja se centra en condiciones inadecuadas, que han llevado al defensor a recordar al Consistorio que tiene la responsabilidad de mantener estas propiedades en condiciones habitables conforme a la normativa urbanística.
Patricia García denunció, entre otros problemas, la falta de agua y gas al mudarse. Su vivienda, en estado deplorable, fue presentada como una oportunidad, pero nunca se llevaron a cabo las reformas prometidas. García ha vivido lo que califica como una “lucha constante” para obtener soluciones, con pequeñas mejoras prolongadas en el tiempo. A pesar de algunas reparaciones como la reciente sustitución de la bañera, persisten problemas graves como el mal estado de las ventanas y el aislamiento de la vivienda.
La Gerente de VIVA, Loreto de la Fuente, argumenta que las reparaciones han tardado debido a la negativa de García a residir en la propiedad. García, sin embargo, sostiene que su decisión de no mudarse estaba motivada por la inseguridad y las condiciones deplorables de la vivienda. Durante muchas reuniones, se le prometieron arreglos que no se han cumplido adecuadamente, lo que ha llevado al procurador a rectificar su postura y recordar al Ayuntamiento la obligación de asegurar la habitabilidad de sus propiedades.
La resolución del Procurador se publicó a finales de noviembre y ha requerido al Ayuntamiento medidas concretas para garantizar el bienestar de los inquilinos. VIVA se encuentra en un proceso de evaluación de los informes sobre la situación, pero hasta ahora no se han concretado soluciones definitivas. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha expresado voluntad de diálogo, aunque el Ayuntamiento ya consideró zanjadas muchas de estas quejas.
García, madre de un menor, ha ido acumulando preocupaciones por la posibilidad de un desahucio mientras espera las reformas prometidas. El tiempo no juega a su favor y enfrenta un futuro incierto. La situación laboral de García también es complicada, lo que añade presión a su circunstancia. Ella permanece en la casa de un particular, esperando que la situación se resuelva antes de asumir más responsabilidades por un hogar que considera inseguro.
A medida que transcurre el tiempo, la situación de García se vuelve más precaria. El problema de las ventanas sigue siendo central, pues no sólo afectan a su bienestar, sino también a la seguridad de su hogar. Las expectativas de resolución de este caso quedan ahora en manos del Ayuntamiento, que debe actuar para garantizar la habitabilidad en el futuro. El compromiso del procurador ha dejado claro que hay una responsabilidad administrativa que cumplir y que los inquilinos necesitan respuestas concretas y efectivas en un tiempo razonable.