La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valladolid, que ha acumulado 7.911 sanciones hasta el momento, se encuentra en el centro del debate político local. Durante la primera reunión del comité de seguimiento de esta normativa, que fue convocado por el Ayuntamiento, se discutió la posibilidad de revisar o incluso suspender la ordenanza actual. Tanto el Partido Popular como Vox abogan por un enfoque más flexible, argumentando que la calidad del aire de la ciudad cumple con los estándares establecidos para 2030.
Seis meses después de la implementación de la ZBE, el tráfico rodado en la zona centro ha disminuido en un 9%. Este dato ha sido presentado como un punto a favor por parte del Equipo de Gobierno, que sostiene que esto justifica la necesidad de reevaluar las restricciones impuestas. La teniente alcalde de Vox, Irene Carvajal, destacó que, si se demuestra que la norma afecta negativamente al comercio y la hostelería, podrían considerar modificaciones a la ordenanza.
Uno de los puntos que más atención ha generado es la posibilidad de anular las multas impuestas. Los representantes de ambos partidos están trabajando en la recopilación de estudios económicos que los respalden. De este modo, buscan argumentos que les permitan abogar por la derogación de la normativa actual, especialmente si hay un cambio en la composición del Gobierno central.
El compromiso por parte del Equipo de Gobierno es estudiar a fondo cómo la ZBE afecta al tejido empresarial de la ciudad. En este sentido, han extendido invitaciones a asociaciones de comerciantes para que participen en el próximo encuentro del comité. Esto subraya la importancia de la valoración del impacto económico de la normativa.
Carvajal también enfatizó que no desean limitar la movilidad de los ciudadanos. Defendió que los vallisoletanos deberían poder optar libremente entre el uso de transporte privado o público, lo que implica la necesidad de mejorar los servicios de transporte público. La edil criticó al Ministerio de Transporte, alegando que está obstaculizando esta mejora.
A medida que avanza la discusión sobre la ZBE, el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, mostró una postura más cauta respecto a la posibilidad de modificar el perímetro de la zona afectada. Explicó que hay factores legales en juego, ya que la ordenanza está recurrida en los tribunales. Sin embargo, se está estudiando la exención para vehículos históricos, una medida que podría aplicarse a corto plazo.
El Ayuntamiento planea seguir realizando estudios que analicen el impacto de la ZBE. Las decisiones sobre posibles cambios en la ordenanza no se tomarán de inmediato, y las negociaciones en torno a la legislación nacional seguirán siendo un tema prioritario. Se prevén más diálogos sobre este asunto en los próximos meses.