La Universidad de Valladolid atraviesa un momento de tensión tras los comentarios de un profesor de la facultad de Ingeniería Informática. Héctor Felipe Mateo Romero justificó en redes sociales la agresión que resultó en la muerte de Sergio Delgado, un joven diseñador de Valladolid, lo que ha generado una respuesta inmediata de la comunidad universitaria.
El mensaje del profesor, publicado hace dos años, decía que si la causa de la agresión era la procedencia vallisoletana de la víctima, el asesinato era "muy merecido". Estas afirmaciones han desatado un malestar generalizado y han llevado a los usuarios de redes a exigir su expulsión. La respuesta inicial de la Universidad no fue clara, limitándose a indicar que se estaban llevando a cabo las actuaciones pertinentes según la normativa.
La situación ha sido materia de discusión respecto a las posibles sanciones que podría afrontar el docente. La Universidad cuenta con un código ético que exige a sus miembros mantener conductas de respeto y contribuir al prestigio de la institución. Los comentarios del profesor podrían estar en contraposición con estos principios, aunque se debate hasta dónde puede llegar la respuesta institucional.
El rector de la Universidad, Antonio Largo, ha subrayado que aunque los delitos de odio son competencia de otras instituciones, la Universidad puede tomar medidas si se identifican irregularidades dentro de su marco normativo. La comunidad universitaria se pregunta cuáles serán las consecuencias concretas que enfrentará el profesor.
El artículo 6 de las normas de convivencia de la Universidad establece que el respeto a todas las personas debe orientar las relaciones en la comunidad. Sin embargo, al tratarse de un profesor ayudante doctor, las sanciones pueden ser más complejas que para otros tipos de personal. Estas dificultan definir el alcance de un procedimiento sancionador.
Las sanciones posibles varían desde apercibimientos hasta el despido disciplinario en casos de faltas muy graves. El personal laboral puede experimentar suspensiones de empleo y sueldo, lo cual complicaría la situación laboral del docente involucrado. La Universidad deberá actuar dentro del marco legal establecido, que se basa en el Estatuto Básico del Empleado Público.
El proceso de información y documentación está ya en marcha. El rector ha afirmado que actuarán con toda la severidad que permita la normativa. También ha dejado claro que si se presentan indicios de delitos de odio, cabe la posibilidad de remitir el caso a la Fiscalía.
A medida que avanza la investigación, la comunidad universitaria permanece expectante en relación a los próximos pasos de la Universidad y la resolución de este asunto sensible.