Segovia enfrenta una situación complicada en términos de inversión en obra pública. En los últimos años, la provincia ha sido objeto de un notable desdén por parte de las administraciones, situándose a la cola de Castilla y León en cuanto a proyectos de infraestructura. Desde 2020, los vecinos de la capital y de los pueblos cercanos han manifestado su preocupación por la escasez de obras promovidas y el limitado acceso a servicios básicos.
Datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León indican que, entre 2020 y 2024, solo se han lanzado 418 proyectos públicos en Segovia. Este bajo número contrasta con la cifra de otros territorios como Ávila, que ha sacado a licitación 445 iniciativas similares, a pesar de contar con recursos y características similares. Esta situación genera una creciente insatisfacción entre los segovianos, que sienten la falta de atención de sus representantes políticos.
La falta de inversión en obras y servicios ha alimentado un creciente malestar entre la población. Cada vez son más los ciudadanos que expresan su frustración y desilusión. La percepción de abandono se hace patente no solo en grandes obras, sino también en pequeñas mejoras que podrían hacer la vida diaria más llevadera. Los vecinos ven cómo, a pesar de su población activa, la provincia carece de proyectos que atiendan sus necesidades.
A nivel autonómico, las cifras reflejan que Segovia representa menos del 6% de todas las licitaciones en Castilla y León. Esta escasa participación en el reparto de obra pública también se traduce en una carencia de infraestructura de vivienda, un aspecto crítico dado el aumento en la demanda de hogares accesibles. La situación es alarmante en comparación con otras provincias, donde las cifras de proyectos son significativamente más altas.
Por ejemplo, en los últimos cinco años, provincias como León y Burgos han tenido más de 1,500 licitaciones, dejando a Segovia en una posición difícil. Mientras otras áreas ven un impulso en sus infraestructuras, Segovia contrasta con una necesidad acumulada, que se refleja en la falta de opciones de vivienda digna.
Los representantes políticos han sido criticados por no abordar adecuadamente esta problemática. Los ciudadanos sostienen que las promesas de mejora se diluyen, y que en lugar de recibir atención, Segovia queda relegada a un segundo plano en políticas de inversión. Esta ausencia de prioridad puede tener un efecto duradero en el desarrollo de la provincia.
Pese a este contexto desalentador, los ciudadanos continúan haciendo eco de sus preocupaciones. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de activar iniciativas que respondan a las necesidades reales de la población. Muchas voces piden un cambio en la actitud de las administraciones hacia la inversión en la provincia.
Se espera que, en los próximos meses, se concrete algún plan de acción por parte de las autoridades. La urgente necesidad de obras y servicios en Segovia sigue siendo un aspecto a resolver, mientras los ciudadanos esperan decisiones tangibles que mejoren su calidad de vida.