David del Olmo comparecerá este martes, 1 de septiembre, ante los Juzgados de Burgos en el juicio por el conocido como ‘criadero de los horrores’ de Melgar de Fernamental, un caso que ha tardado más de seis años en llegar a la sala tras una extradición internacional desde Venezuela.
El caso acumula antecedentes desde 2013, cuando empezaron a registrarse inspecciones y denuncias por las condiciones en las que se encontraban los animales en unas instalaciones con licencia para 75 perros, pero en las que llegaron a contabilizarse muchos más.
El punto de inflexión llegó en julio de 2019, cuando la Guardia Civil ejecutó la llamada Operación Chenilbur. En aquel registro se hallaron 97 perros adultos y 50 cachorros, varios de ellos en estado deplorable. Cuatro tuvieron que ser retirados con urgencia y uno de ellos fue finalmente sacrificado debido a la gravedad de sus lesiones.
Las intervenciones continuaron durante los meses siguientes hasta que, en febrero de 2020, se ordenó el cierre definitivo del criadero. Para entonces, David del Olmo ya había abandonado España. Los agentes encontraron en aquel último registro perros en abandono, animales muertos y ejemplares sin agua ni comida suficiente. Un total de 86 perros y dos gatos supervivientes fueron retirados judicialmente y entregados a entidades protectoras y familias de acogida.
Desde ese momento se inició una búsqueda internacional que se prolongaría durante más de cinco años. El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos emitió una orden internacional de detención y las pesquisas permitieron localizar al investigado en Venezuela, desde donde fue extraditado a España en febrero de este año.
Durante todo ese tiempo, la asociación Proanbur mantuvo vivo el caso y asumió directamente los elevados gastos veterinarios y de manutención que generaron los animales rescatados, muchos de los cuales necesitaron una larga recuperación física y psicológica antes de poder ser adoptados.
En vísperas del juicio, la protectora ha vuelto a reclamar que el caso no quede sin respuesta judicial y ha aprovechado para reivindicar una mejor coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y entidades animalistas ante situaciones similares.
El juicio de este martes supone así el inicio del tramo final de un procedimiento que ha estado paralizado durante años a la espera del regreso del principal investigado. Burgos tendrá por fin la oportunidad de cerrar uno de los casos de maltrato animal más graves y mediáticos de la provincia.
