La quiebra de Atelco, una de las principales contratas de Telefónica para la instalación de servicios de telecomunicaciones, ha dejado a seis empresas leonesas con facturas impagadas que suman 650.000 euros por trabajos realizados durante los últimos tres meses.
En total, ochenta trabajadores se han visto arrastrados por esta situación: cuarenta empleados de la propia Atelco, que llevan sin cobrar la nómina de junio, la paga extra y los bonus, y otros cuarenta vinculados a las seis subcontratas leonesas que tampoco han recibido el dinero correspondiente a su trabajo.
El portavoz de las empresas afectadas explica que Atelco entró en concurso de acreedores en mayo, y que el juzgado lo validó en junio, precisamente un día antes de que vencieran las transferencias a 60 días. Las facturas de abril, mayo y junio quedaron sin abonar, junto a las retenciones de seis meses.
Las cantidades adeudadas a las empresas leonesas oscilan entre los 5.000 y los 250.000 euros. Uno de los propietarios afectados lo resume con crudeza: «A mí me deben 156.000 euros y no sé si voy a recuperar algo».
Los denunciantes apuntan directamente a Telefónica, a quien acusan de haber «orquestado el concurso perfecto» para desentenderse de la deuda. Según relatan, desde la compañía les pedían calma y les aseguraban que aguantarían, incluso en pleno concurso, para que no pararan de trabajar hasta el último día. Telefónica ha rechazado estas acusaciones y ha negado formar parte del accionariado de Atelco, subrayando que se trata de una empresa distinta con la que simplemente mantuvieron una relación comercial.
Esta crisis no solo afecta a las empresas. Una usuaria que llevaba más de un mes esperando la instalación de fibra óptica en San Emiliano destapó el problema. Los propios instaladores aclararon que no era falta de personal, sino de pago. Mientras no se resuelva el conflicto, la lista de espera de clientes de Movistar seguirá creciendo.
El problema tiene una dimensión mucho mayor a nivel nacional. Las 74 subcontratas de Atelco en todo el país acumulan una deuda de diez millones de euros que afecta a 800 trabajadores, con 15 empresas solo en Castilla y León, repartidas entre León, Ávila, Salamanca y Zamora.
Las empresas han recurrido a la Junta de Castilla y León, solicitando una reunión con la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, para trasladar su situación y explorar posibles vías de apoyo institucional. De momento, siguen esperando respuesta.
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