La isla vive una de sus peores crisis de acceso a la vivienda, pero los datos revelan que el control sobre el cumplimiento de la normativa habitacional es prácticamente testimonial. En dos años, el Govern ha impuesto apenas seis sanciones en Menorca por infracciones a la ley de vivienda balear.
Los números resultan llamativos. Entre 2024 y 2025, el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura abrió únicamente 16 expedientes previos en toda la isla. De ellos, solo seis acabaron en multa. Y lo que es más sorprendente: el importe total de las sanciones impuestas en 2025 apenas alcanzó los 285 euros.
En 2024 se cerraron dos expedientes sancionadores, uno contra un gran tenedor por incumplimiento de obligaciones legales y otro relacionado con una vivienda de protección pública. La multa conjunta superó ligeramente los 10.000 euros. El año siguiente, cuatro sanciones más: una por falsedad en la solicitud de ayudas al alquiler, dos por no depositar la fianza en el Ibavi y una por prácticas prohibidas vinculadas a una vivienda pública.
Esta actividad inspectora contrasta de forma notable con lo ocurrido en el resto del archipiélago, donde en ese mismo periodo se impusieron 306 sanciones. También choca con el propio historial de Menorca: entre 2022 y 2023, la isla acumuló 28 multas que sumaban más de 150.000 euros, la mayoría por incumplimientos en viviendas protegidas y obligaciones de grandes tenedores.
Aún más preocupante resulta el caso de las infraviviendas, aquellos inmuebles que no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, superficie o seguridad. Desde que en 2018 entró en vigor el régimen balear de inspección en materia de vivienda, solo se ha sancionado un caso de este tipo en Menorca, y fue en 2023, con una multa de 1.801 euros.
Estos datos han salido a la luz a través del nuevo Observatorio de la Vivienda de les Illes Balears, presentado esta semana por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad. La plataforma recoge más de 23 indicadores sobre el parque residencial, el mercado inmobiliario, la construcción pública y privada, y las ayudas disponibles para acceso y rehabilitación.
Desde la Conselleria se subrayó el déficit estructural de construcción de viviendas en la comunidad como uno de los grandes problemas pendientes. Mientras tanto, en Menorca la distancia entre la gravedad de la crisis habitacional y la respuesta inspectora sigue siendo difícil de explicar.
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