Veinticuatro viviendas históricas en la calle Capitán Cortés de Talavera de la Reina llevan más de una década cerradas y en deterioro. Ahora, un proyecto de rehabilitación de 3,9 millones de euros las devuelve a la actualidad, pero con una polémica de fondo: ¿a qué precio podrán acceder las familias que más lo necesitan?
La Junta de Castilla-La Mancha ha impulsado la recuperación de estos inmuebles, conocidos como las viviendas de los peones camineros, a través del programa 6 de los fondos Next Generation. De ese presupuesto total, aproximadamente 1,1 millones de euros proceden de fondos europeos. El modelo elegido es de colaboración público-privada: la administración cede el suelo y los edificios, aporta ayudas para la rehabilitación y una empresa adjudicataria ejecuta las obras y gestiona después los alquileres.
Cada vivienda cuenta con unos 86,5 metros cuadrados construidos y se destinarán al llamado alquiler asequible. El problema, según la formación Sumar, es que el precio previsto podría alcanzar los 750 euros mensuales, una cifra que la agrupación de izquierdas considera incompatible con el concepto de alquiler social.
Desde Sumar reclaman que las viviendas hubieran permanecido dentro del parque público y que los precios se ajusten a los ingresos reales de las familias destinatarias, no al mercado privado. Para esta formación, entregar la gestión a una empresa privada aleja el proyecto de su propósito original.
Y ese propósito no era menor. Las viviendas fueron cedidas gratuitamente por la Junta al Ayuntamiento de Talavera en 2016 con el objetivo expreso de atender a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Más de diez años después, siguen sin habitarse.
El debate llega en un momento especialmente sensible. Según los últimos datos de la Junta, hay 311 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda para alquiler solo en Talavera. Una demanda real y urgente que contrasta con la lentitud del proceso y con las dudas sobre si el resultado final será verdaderamente accesible.
La rehabilitación de estos inmuebles sigue siendo una oportunidad. La cuestión es si el modelo elegido garantizará que llegue a quienes más la necesitan o si, una vez más, la vivienda pública acabará funcionando según las reglas del mercado privado.
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