El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la nueva Ley Antitabaco, que prohibirá fumar y vapear en terrazas, piscinas y accesos a centros públicos. La medida divide a la ciudad: el sector hostelero salmantino la rechaza de plano, mientras los colectivos contra el cáncer piden ir incluso más lejos.
La aprobación del texto ha encendido el debate en Salamanca. La normativa, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, supone la reforma más profunda de la legislación sobre el tabaco en los últimos veinte años e incluye también la prohibición del vapeo para menores de edad, equiparando los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional.
Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, no oculta su malestar. Considera que la prohibición en terrazas es «desproporcionada» y advierte de que el efecto real no será reducir el consumo, sino desplazarlo a la vía pública, generando lo que él describe como «ocio desordenado» que acabará molestando a los transeúntes.
El representante hostelero defiende que las terrazas son espacios ventilados donde ya conviven fumadores y no fumadores sin conflictos. Añade que la medida puede generar confusión entre los millones de turistas extranjeros que visitan España cada año y que no están acostumbrados a estas restricciones en sus países de origen.
Moro también apunta a la desventaja competitiva frente a destinos mediterráneos como Portugal, Italia o Grecia, donde las terrazas permanecen abiertas y sin estas limitaciones durante todo el año. A pesar del rechazo, el sector se muestra dispuesto al diálogo y pide al Ministerio de Sanidad que los hosteleros participen en la redacción definitiva de la ley.
Desde el frente sanitario, la Asociación Española Contra el Cáncer respalda la iniciativa sin reservas y la califica de avance necesario para proteger la salud pública. Su postura, sin embargo, va más allá: consideran que el texto debería endurecerse aún más para garantizar espacios verdaderamente libres de humo.
Salamanca se convierte así en el reflejo de un debate que atraviesa todo el país. Dos visiones legítimas, la económica y la sanitaria, que chocan de frente ante una ley que cambiará la forma de vivir las calles y las terrazas de la ciudad.
La pelota está ahora en el Parlamento, que deberá encontrar el punto de equilibrio entre la salud pública y la realidad de un sector hostelero que es motor fundamental de la economía salmantina.
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