La Sindicatura de Comptes ha encendido las alarmas sobre la gestión económica de los municipios y entidades locales de la Comunitat Valenciana. Según el informe de fiscalización de la cuenta general del ejercicio 2024, hecho público el pasado viernes, el 75 % de las entidades locales de la región no aprobaron sus presupuestos dentro del plazo legal establecido.
El dato no es el único preocupante. El 39 % de las entidades también incumplió los plazos para aprobar la liquidación del presupuesto, y el 32 % hizo lo mismo con la cuenta general. Un panorama que retrata una administración local que, en buena parte, sigue sin ajustarse a los calendarios que marca la ley.
Más grave aún es la situación de las entidades que directamente no presentaron sus cuentas. A 31 de diciembre de 2025, diecinueve entidades locales, entre ellas siete municipios, no habían remitido su cuenta general correspondiente al ejercicio 2024. Aunque seis de ellas lo hicieron entre enero y abril de 2026, la Sindicatura advierte sin rodeos que no rendir cuentas «es un incumplimiento muy grave de una obligación esencial de quien gestiona fondos públicos».
Para cortar de raíz con esta práctica, el organismo fiscalizador propone una medida contundente: que las entidades que no estén al día en la rendición de cuentas no puedan percibir subvenciones de la Generalitat Valenciana.
En cuanto a la salud financiera de los ayuntamientos, el informe detecta que los problemas más habituales son el remanente de tesorería negativo para gastos generales, el resultado presupuestario ajustado en números rojos y la falta de estimación de importes de dudoso cobro.
Con todo, hay datos que permiten cierto optimismo. El remanente de tesorería creció un 13,9 % en conjunto, rompiendo la tendencia negativa del año anterior. Y el 67,1 % de las entidades analizadas mejoró este indicador en 2024, frente al 45,5 % que lo hizo en 2023.
Sin embargo, el endeudamiento sigue siendo motivo de preocupación. La dependencia de la deuda a corto y largo plazo aumentó un 3,5 %, cambiando de nuevo la tendencia positiva del ejercicio previo. Además, las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto al cierre de 2024 ascendieron a 227 millones de euros, un 0,8 % más que el año anterior, con especial incidencia en mancomunidades, áreas metropolitanas y consorcios.
El informe deja claro que queda mucho camino por recorrer para que la gestión pública local cumpla plenamente con sus obligaciones de transparencia y control presupuestario.
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