Los responsables de UGT han solicitado la destitución de la directora del Centro de Menores Zambrana en Valladolid, Ana Lasalle. Esta demanda se basa en la falta de atención y el supuesto deterioro de las condiciones laborales dentro del centro. Durante una reciente rueda de prensa, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Sara Molledo, criticó duramente la gestión de la directora, afirmando que se ha convertido en un "infierno" para tanto para los trabajadores como para los menores.
El sindicato argumenta que la situación ha llevado a una creciente vulneración de los derechos fundamentales de los internos y a un ambiente inseguro para el personal. Molledo destacó que la Consejería de Familia ha mostrado negligencia al no vigilar el cumplimiento de los pliegos de licitación establecidos para el centro. En su opinión, esta falta de supervisión compromete tanto la integridad de los trabajadores como la de los menores a su cargo.
El Comité de Empresa del Zambrana también se ha unido a estas quejas, enfatizando que hay un clima de impunidad en la gestión actual. Según ellos, se han registrado múltiples agresiones y violaciones de derechos laborales, lo que ha llevado a presentar hasta 32 denuncias en la Inspección de Trabajo. La falta de cumplimiento de las ratios mínimas de personal es una de las principales preocupaciones detectadas.
David López, secretario de Servicios Públicos de UGT, proporcionó cifras alarmantes sobre las jornadas no cubiertas en 2025. Más de 7.500 horas no han sido atendidas, lo que genera situaciones de riesgo para el personal trabajador. Además, la gestión deficiente ha derivado en que los empleados no tengan las condiciones adecuadas para realizar su labor, lo que repercute en la atención a los jóvenes.
La falta de recursos humanos ha generado que, de cada dos días, uno de ellos se trabaja en condiciones deficientes. Esta problemática se acentúa en un periodo donde el contrato de la actual gestora, Adis Meridianos, vence en julio. UGT ha planteado la necesidad de no prorrogar ese contrato y de que se busque una nueva licitación que contemple condiciones adecuadas tanto para el personal como para los menores.
Los representantes del Comité de Empresa han lamentado que no se estén cumpliendo los derechos laborales, incluyendo vacaciones y compensaciones, señalando que la anterior empresa fue no renovada por incumplimientos menores que los actuales. La creciente inseguridad también afecta a los trabajadores, quienes han visto incrementadas las bajas por estrés y depresión debido a la situación.
Por su parte, Tomás Pérez, secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, enfatizó que el problema subyacente no es únicamente de la empresa, sino que radica en la falta de supervisión de la Junta. En sus palabras, privatizar no debería equivaler a abandonar la responsabilidad y el control del servicio. La situación sigue en desarrollo, y UGT ha decidido solicitar una reunión con la Inspección de Trabajo para abordar las denuncias presentadas y evaluar posibles medidas a seguir.