El juicio ha llegado a su fase final con la defensa del encausado reclamando la libre absolución tras alegar que en ningún momento actuó movido por el beneficio personal.
Gómez compareció ante el tribunal con un único argumento central: que sus decisiones, por controvertidas que pudieran parecer, nunca respondieron a un interés de enriquecimiento propio. Así lo trasladó su defensa en las últimas sesiones del procedimiento judicial que ha mantenido en el punto de mira a este vecino de Ávila vinculado a la vida política local.
La estrategia de la defensa se apoya en demostrar que no existió ánimo de lucro, elemento que consideran imprescindible para que prospere la acusación. Los abogados del encausado insisten en que los hechos que se le imputan no pueden calificarse de delictivos si se tiene en cuenta la motivación que los guió.
La fiscalía, por su parte, mantiene su postura acusatoria y confía en que el tribunal valore el conjunto de las pruebas presentadas a lo largo del proceso, que se ha prolongado durante meses generando un notable seguimiento entre los abulenses.
El caso ha removido el debate sobre la transparencia y la responsabilidad de quienes ocupan o han ocupado cargos en la administración local. En una ciudad como Ávila, donde las instituciones tienen un peso simbólico importante para sus habitantes, este tipo de procedimientos suelen despertar una atención especial en la ciudadanía.
Ahora es el juez quien tiene la última palabra. La resolución, que podría llegar en las próximas semanas, determinará si los argumentos de la defensa son suficientes para desvirtuar los cargos o si, por el contrario, Gómez deberá afrontar las consecuencias penales que la acusación ha solicitado.
Mientras tanto, el acusado mantiene su posición de inocencia y aguarda el fallo con la confianza, según han señalado sus representantes legales, de que la justicia reconocerá que en su conducta no hubo nunca voluntad de beneficiarse a costa del interés público.
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