Un tribunal de Valladolid ha condenado a un empresario rumano a un año y medio de prisión por tratar a jornaleros de nacionalidad extranjera en condiciones abusivas en Medina del Campo. El acusado, Vasile U., fue declarado culpable por imponer un trato degradante a un grupo de trabajadores durante la recolección de patatas en el otoño de 2020, en plena pandemia. La actuación de la Guardia Civil fue clave para que se denunciara esta situación de explotación laboral.
Los hechos se remontan a septiembre y octubre de 2020, cuando Vasile U. utilizó a jornaleros procedentes de Colombia, Perú y Marruecos para trabajar en una finca en Torrecilla del Valle. La sentencia del tribunal menciona que este empresario actuó como si fuera el máximo responsable, aunque trató de ocultar su rol mediante su hermana. Se prometieron condiciones laborales que posteriormente no se cumplían.
El fiscal del caso había solicitado una pena mayor, argumentando que el empresario no solo incumplió sus obligaciones, sino que trató a los trabajadores de manera inhumana. Durante la fase del juicio, se relataron situaciones de alojamientos en condiciones precarias y el no pago de los salarios acordados. Cada trabajador afectado recibirá una indemnización como parte de la responsabilidad civil del condenado.
Los testimonios de los afectados corroboraron un patrón de engaño. Cuando llegaron a la finca, los jornaleros se encontraron en una vivienda sin calefacción y con escaso acceso a agua potable. Además, algunos de ellos no estuvieron dados de alta en la Seguridad Social, lo que provoca preguntas sobre la normativa laboral. Esto se extrapola a la vulneración de derechos laborales establecidos por el Estatuto de los Trabajadores.
La defensa del acusado insistió en que su cliente no fue responsable directo de las condiciones laborales, y que era su hermana quien se encargaba de la gestión administrativa. Sin embargo, el tribunal consideró que, a pesar de sus intentos de excusarse, las pruebas demostraron la culpabilidad de Vasile U.
El fallo señala que el empresario mostró una falta de respeto hacia los trabajadores, llegando a desentenderse cuando la Guardia Civil se presentó. Este comportamiento no solo reforzó la postura del fiscal, sino que generó indignación entre los afectados. Los testimonios de estos últimos fueron contundentes durante todo el juicio.
La situación de explotación en Medina del Campo no es un caso aislado, y plantea cuestiones sobre el trato hacia los temporeros en el mundo agrícola. La respuesta del sistema judicial en este caso puede ser un ejemplo para futuras situaciones similares, aunque el contexto de vulnerabilidad de muchos trabajadores seguirá siendo un factor de preocupación en el sector.
Queda pendiente si habrá más investigaciones o acciones legales contra otros responsables en este caso. La situación de los temporeros en la región sigue bajo el escrutinio de las autoridades, y la necesidad de garantizar sus derechos es cada vez más evidente.