Un hombre de 63 años ha sido detenido en Oliva tras el desmantelamiento de una plantación interior de marihuana que mantenía oculta en su propia vivienda. La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, permitió incautar 17 kilos de cannabis y descubrir una instalación con equipos de cultivo profesionales.
Todo comenzó gracias a la colaboración entre los agentes y una empresa suministradora de electricidad. Juntos detectaron consumos eléctricos anormalmente elevados en una zona del municipio valenciano. Esos picos inusuales de amperaje llamaron la atención de los investigadores, que iniciaron un seguimiento discreto para localizar el origen del gasto.
Una vez acotada el área, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva-Gandia establecieron labores de vigilancia sobre varios inmuebles de la zona. Uno de ellos presentaba indicios compatibles con una instalación de cultivo indoor. Una medición posterior en la entrada del cableado eléctrico del domicilio confirmó la existencia de un enganche ilegal a la red y un consumo muy superior al de cualquier vivienda convencional.
Con esos datos en la mano, los agentes obtuvieron autorización para registrar el inmueble. El resultado fue contundente: dos estancias completamente acondicionadas para el cultivo de cannabis.
En la primera habitación encontraron 144 plantas de marihuana en fase de crecimiento. La segunda hacía las veces de zona de secado y albergaba 278 ramas con cogollos listos para su procesado.
El material incautado refleja la dimensión del negocio montado en el interior del domicilio. Los agentes se llevaron 24 equipos de iluminación, cuatro sistemas de extracción con filtro, dos aparatos de climatización, 14 transformadores, siete ventiladores, un deshumidificador, sistemas de riego, temporizadores, fertilizantes y abundante material eléctrico.
El detenido, español y de 63 años, queda acusado inicialmente de los delitos de cultivo y elaboración de cannabis, además de defraudación de fluido eléctrico. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia.
El caso demuestra una vez más que la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las compañías eléctricas se ha convertido en una herramienta eficaz para localizar este tipo de instalaciones ilegales, difíciles de detectar por otros medios.
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