Un Guardia Civil de Valladolid se encuentra actualmente en juicio acusado de revelación de secretos por consultar bases policiales relacionadas con su inquilino. Este caso se remonta al periodo en que alquiló su vivienda a Mario V. M., quien dejó de pagar el alquiler entre julio de 2021 y abril de 2023. El acusado, además, es señalado por amenazas vinculadas a esta situación, lo que ha generado un conflicto entre ellos.
El denunciante, quien tiene paradero desconocido, solicitó una orden de alejamiento, afirmando que el acusado lo amenazó con encarcelarlo. Las consultas en las bases de datos del Ministerio del Interior se hicieron sin autorización, aunque el agente alega que contaba con el permiso del inquilino y de su avalista. En su defensa, el Guardia Civil afirmó que las consultas fueron para verificar la solvencia de sus inquilinos.
El juicio se celebra ante la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se defensores y fiscales presentaron sus argumentos. Según el fiscal, estos accesos a la información policial fueron empleados para presionar al inquilino a que pagara las rentas adeudadas. Esta conducta se considera una violación de su derecho a la intimidad.
El representante del Ministerio Público ha solicitado una pena de tres años y medio de prisión y una inhabilitación de nueve años para el agente. La situación ha causado revuelo en la comunidad pública, generando interés tanto por la situación personal de los implicados como por las implicaciones legales de este caso.
Por su parte, el tío del denunciado testificó, indicando que él también había autorizado al Guardia Civil a consultar información sobre él. Argumentó que este permiso no tenía limitaciones y que su sobrino tenía antecedentes en situaciones de crédito. Durante su testimonio, se evidenció una tensión familiar entre el tío y el sobrino, que complica aún más el caso.
A medida que el juicio avanza, la cuestión de la autenticidad de las autorizaciones se convierte en un tema central. La defensa del agente ha insistido en que todas las acciones se llevaron a cabo bajo un marco legal, fortaleciendo su argumento de que actuó conforme a la autorización que recibió.
El resultado final del juicio aún no es claro, y la comunidad está a la expectativa de la decisión judicial que se tomará. La audiencia está pendiente de la última fase del juicio, donde se presentarán las conclusiones finales y se definirán las posibles sanciones a aplicar.