Una tarde de agosto terminó con esposas para un joven con un largo historial delictivo después de que él y otros tres compañeros irrumpieran en una oficina inmobiliaria de Valladolid, amenazaran a sus empleados, destrozaran el mobiliario y robaran un teléfono móvil.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto, en torno a las seis de la tarde. Un grupo de cuatro jóvenes entró en la inmobiliaria reclamando una cantidad de dinero y advirtiendo a los trabajadores de que recibirían una paliza si no la entregaban. Ante la negativa, comenzaron a lanzar los ordenadores al suelo y a destrozar el mobiliario del local. Aprovechando la confusión, uno de ellos sustrajo el móvil de un empleado que estaba sobre una mesa.
Al enterarse de que los trabajadores habían llamado a la Policía Nacional, los cuatro individuos huyeron del lugar antes de que llegaran los agentes.
Los policías, que se desplazaron hasta la inmobiliaria en motocicletas, recogieron el testimonio del responsable del local y recabaron la descripción de los cuatro implicados. Acto seguido, iniciaron una búsqueda por los alrededores y localizaron a tres de ellos en un parque cercano.
Durante la identificación, uno de los jóvenes adoptó una actitud hostil y empujó a uno de los agentes intentando darse a la fuga. Fue inmovilizado de inmediato. En su poder se encontró el teléfono robado en la inmobiliaria, lo que facilitó su detención por delito de atentado contra agente de la autoridad y hurto.
La consulta de las bases de datos policiales añadió un cargo más a su expediente: el detenido tenía vigente una orden judicial de alejamiento sobre una persona y su domicilio, condición que había incumplido tanto en la inmobiliaria como en el parque donde fue arrestado. Se le imputó también un delito de quebrantamiento de condena.
El arrestado acumula 15 antecedentes policiales previos. Los otros dos jóvenes identificados en el parque quedaron en libertad tras las gestiones policiales correspondientes.
Tras las diligencias en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad provisional.
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