Un menor de Santander lleva dos años sufriendo insultos, amenazas y agresiones en su colegio. La respuesta de la Fiscalía de Menores ha sido archivar el caso tras recibir una carta de perdón del presunto agresor. Su padre no puede creerlo.
Todo comenzó en 2024, cuando el chico, que entonces tenía entre 12 y 13 años, empezó a sufrir lo que su padre describe como «insultos, amenazas, golpes y coacciones» por parte de varios compañeros. El progenitor envió cartas al centro educativo pidiendo que se activara el protocolo de acoso escolar, pero la respuesta del equipo directivo se limitaba a apartar a los agresores y llamarles la atención.
El niño nunca quería ir al colegio. La situación se prolongó hasta mayo de este año, cuando un grupo de trece adolescentes le agredió dentro del centro y le persiguió después hasta el domicilio de su abuelo, insultándole. Fue entonces cuando sus padres presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Menores.
Semanas después llegó la respuesta del Ministerio Público: archivo del expediente. La resolución concluye que es «adecuado al interés y a las circunstancias del menor su corrección en el ámbito educativo o familiar». En la práctica, eso se traduce en una carta de disculpa escrita a mano por uno de los agresores. Seis líneas.
«No nos han llamado para testificar ni han escuchado a mi hijo», denuncia el padre, que ha decidido hacer público el caso para visibilizar lo que considera una resolución insuficiente. «¿Una carta? ¿Y ya está? No espero un castigo severo, pero algo más sí, porque ahora no sé quién va a reparar el daño psicológico de mi hijo.»
El menor sigue escolarizado en el mismo centro y comparte aula con los mismos compañeros. No se ha impuesto ninguna orden de alejamiento. Para el padre, el mensaje que se lanza es demoledor: «No pasa nada si acosas a los demás, luego escribes una carta y todo solucionado.»
Lourdes Verdeja, presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, confirma que este tipo de resolución es habitual cuando los implicados son menores de 14 años, ya que son inimputables. «No se reeduca al agresor ni a su familia poniéndoles en manos de profesionales, y en muchos casos la situación se repite», advierte.
La familia podría continuar por la vía civil, pero eso implica contratar abogado y procurador, un camino que muchas familias no pueden o no quieren recorrer. Mientras tanto, el menor empieza el curso con el peso de dos años sin que nadie haya respondido de verdad por lo que le hicieron.
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