La asociación Fem-ho en Català ha presentado una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Ciutadella que podría echar por tierra el expediente impulsado por la Conselleria de Cultura del Consell de Menorca para declarar el menorquín y el artículo salat como Bien de Interés Cultural Inmaterial de la isla.
El motivo es de calado jurídico: la exconcejal del Partido Popular Sili Pons Sabater, autora de los informes y fichas técnicas en los que se apoya toda la iniciativa, no tendría reconocida la compatibilidad como funcionaria municipal del Ayuntamiento de Ciutadella para realizar trabajos administrativos externos a dicha institución. La propia secretaria municipal ya ha certificado este extremo.
Según la asociación, Pons Sabater habría llevado a cabo ese encargo sin haber solicitado ni obtenido la preceptiva autorización de compatibilidad, lo que constituiría una infracción grave o muy grave de la normativa vigente. Fem-ho en Català ha pedido al Consistorio que investigue los hechos y abra un expediente disciplinario contra la exconcejal.
Pero la denuncia va más allá. La entidad invoca la ley de contratos del sector público para argumentar que el contrato firmado con el Consell podría ser declarado nulo de pleno derecho, arrastrando en esa nulidad a todos los informes elaborados. A ello se suma que Pons Sabater carece de titulación universitaria en el ámbito filológico o lingüístico, lo que pondría en entredicho también su solvencia técnica para el encargo.
La asociación señala que el Consell cuenta con su propio servicio lingüístico y de patrimonio, con funcionarios titulados que habrían podido redactar esos mismos informes. Por eso califica la externalización de trabajo como una duplicidad injustificable y un derroche de dinero público. La factura presentada por Pons Sabater asciende a 8.125 euros, dentro de un contrato menor que fijaba un importe máximo de 15.000 euros.
Fem-ho en Català anuncia que tiene prevista la presentación inminente de nuevos recursos ante el Consell para que el contrato quede sin efecto. La asociación advierte que no permitirá que se utilicen procedimientos irregulares para dar apariencia de legalidad a lo que considera una ofensiva política contra la lengua catalana. Exige al Ayuntamiento que agote la vía disciplinaria y al Consell que detenga de inmediato el proceso.
El expediente fue iniciado a instancias de Joan Pons Torres, actual conseller de Cultura, cuya vinculación anterior con Sa Fundació añade otra capa de debate político a un asunto que promete mantenerse en el centro de la actualidad menorquina durante las próximas semanas.
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