Una familia con dos hijos menores fue desahuciada este miércoles de su vivienda en la calle Vila Juaneda de Ciutadella después de años de recursos judiciales y varios intentos de lanzamiento frustrados. El desalojo se ejecutó a las 11.30 horas pese a que el abogado de la familia presentó al juez esa misma mañana un informe de Servicios Sociales que acreditaba la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar, incluida una discapacidad reconocida del 33 por ciento en uno de los menores.
La comitiva judicial llegó al domicilio alrededor de las diez de la mañana, acompañada de agentes de la Policía Local. Tras unos momentos de tensión, concedió a la familia una hora para recoger sus pertenencias. Los vecinos y amigos se movilizaron para ayudarles a empaquetar a contrarreloj todo lo que pudieron llevarse.
La historia de esta familia en ese inmueble se remonta a hace casi dos décadas. Vivieron allí primero como propietarios y, desde 2018, como inquilinos del fondo social del BBVA, entidad que se había quedado con la vivienda. El punto de inflexión llegó cuando el banco vendió el inmueble a la sociedad inmobiliaria madrileña Torrance Investment 21 SL, que se subrogó en el procedimiento judicial ya en marcha y aceleró los trámites para recuperar la propiedad.
El proceso acumuló varios aplazamientos. El lanzamiento llegó a estar fijado para el pasado 28 de enero, pero los escritos del abogado José de Juan López lograron entonces suspenderlo y ganar tiempo para que la familia pudiera buscar una alternativa habitacional. La defensa argumentó en todo momento la precariedad económica de los padres, los periodos de incapacidad laboral del padre y la situación especial del menor con discapacidad, reclamando además la intervención del Ayuntamiento de Ciutadella y del Consell Insular para evaluar posibles soluciones de vivienda.
Ninguna de esas gestiones fructificó a tiempo. El informe de vulnerabilidad presentado el mismo día del desalojo no fue suficiente para detener la orden judicial, y la familia tuvo que abandonar su hogar ante la mirada de quienes acudieron a apoyarles.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de recursos habitacionales para familias en situación de exclusión en Menorca y la rapidez con la que los fondos inmobiliarios pueden activar procedimientos que los servicios sociales apenas tienen margen para frenar.
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