El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana han alcanzado un acuerdo para resolver el conflicto que mantenían sobre cómo repartir el coste de las subvenciones al transporte metropolitano vinculadas a la tarjeta SUMA. El pacto pone fin a la vía judicial abierta entre ambas administraciones y despeja el futuro de la financiación del servicio de autobuses urbanos.
El convenio fue ratificado este jueves en el consejo de administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) y supone un reparto claro de los 40 millones de euros en disputa. La Generalitat asumirá un tercio del importe, mientras que el Ayuntamiento correrá con los otros dos tercios, una cantidad que ya incluye las ayudas recibidas del Gobierno central.
El origen del conflicto se remonta a las discrepancias técnicas sobre cuánto debía pagar cada administración por cada viaje realizado con las tarjetas SUMA en los autobuses de la EMT. Este título integrado permite combinar en un solo abono los distintos transportes públicos del área metropolitana: Metrobús, Metrovalencia, EMT y Cercanías.
La situación se complicó cuando el Ministerio de Transportes cambió su criterio sobre quién era el beneficiario de las ayudas a partir del segundo semestre de 2025. A partir de entonces, el Ayuntamiento pasó a ser el receptor directo de esos fondos en lugar de la ATMV, lo que obligó a replantear el reparto pactado en su momento.
El consistorio valenciano ha subrayado que el acuerdo garantiza que la EMT no sufra ninguna pérdida económica por aplicar los descuentos en los títulos de transporte. Según el texto pactado, la empresa municipal de autobuses recibirá el equivalente al precio íntegro de cada validación, antes de que se apliquen las bonificaciones.
En cuanto al descuento del 40% vigente en 2026, el reparto también queda definido. La ATMV asumirá el 20% que la Generalitat decidió bonificar voluntariamente, mientras que el Ayuntamiento trasladará a la ATMV la ayuda del 20% que le corresponde por parte del Ministerio.
El acuerdo también contempla actualizar el convenio que regula las relaciones entre la ATMV, la EMT y el Ayuntamiento, un documento que databa de la legislatura anterior. La revisión aclarará el sistema de cálculo aplicable al periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2025, evitando que en el futuro vuelvan a surgir interpretaciones contradictorias entre las partes.
Con este pacto, las dos administraciones aspiran a dejar atrás meses de tensión institucional y garantizar que los usuarios valencianos del transporte público sigan beneficiándose de las bonificaciones sin que ningún operador pague el precio de la discordia.
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