La Plataforma Ciudadana de Pinarejos y Comarca Oeste ha presentado más de doscientas alegaciones ante la Junta de Castilla y León para frenar la construcción de una planta de biometano en el término municipal de Pinarejos. La instalación, promovida por la empresa Desarrollos Bioenergéticos Colón, S.L., está a la espera de recibir la autorización ambiental por parte de la Administración regional.
Los vecinos piden que no se conceda dicha autorización hasta que no se aclaren las dudas que genera la documentación del proyecto y se completen los estudios necesarios para conocer el impacto real sobre el entorno y la población de la zona.
Entre los argumentos presentados, la plataforma señala discrepancias entre distintos documentos del expediente, la falta de algunos informes sectoriales obligatorios y cambios introducidos en el proyecto durante su tramitación. Para el colectivo, todas estas cuestiones deben quedar resueltas antes de que la Administración tome ninguna decisión.
Uno de los puntos que más preocupa a los habitantes de la comarca es el volumen de residuos orgánicos que movería la instalación: más de cien mil toneladas al año. Los vecinos alertan de los problemas de olores que esto podría generar, así como del incremento del tráfico de vehículos pesados por las carreteras de la zona.
Las alegaciones también apuntan a posibles afecciones sobre los recursos hídricos, los suelos y los acuíferos de la comarca, así como al deterioro del paisaje y la calidad de vida de los municipios más cercanos, entre ellos Pinarejos y San Martín y Mudrián.
El entorno natural de la Tierra de Pinares aparece igualmente en el punto de mira. La plataforma considera imprescindible profundizar en el análisis de los efectos sobre la fauna, las especies protegidas y los corredores ecológicos del área.
Los promotores de las alegaciones han querido dejar claro que su postura no implica un rechazo a las energías renovables. Su exigencia, según explican, es que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y la protección de los vecinos antes de autorizar una instalación de esta envergadura.
La pelota queda ahora en el tejado de la Junta de Castilla y León, que deberá evaluar las alegaciones presentadas y decidir si otorga o no la autorización ambiental al proyecto en las próximas semanas.
