Una veintena de entidades memorialistas de Extremadura han puesto en marcha una campaña pública para exigir la retirada inmediata de la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres y oponerse a su posible declaración como Bien de Interés Cultural.
Las organizaciones, entre las que se encuentra la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), han anunciado la presentación formal de alegaciones frente al expediente iniciado por la Junta de Extremadura para otorgar al monumento la máxima protección patrimonial. Con este paso, podrán acceder a los informes técnicos que maneja el Gobierno regional.
La campaña incluye además una recogida de firmas que será remitida tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento de Cáceres.
Las asociaciones califican la incoación del expediente BIC de «maniobra política» fruto de los acuerdos entre PP y Vox, cuyo objetivo sería eludir el cumplimiento de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Recuerdan que el Gobierno de España ya ordenó la eliminación de la cruz y su inclusión en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, y que el monumento figura en el Catálogo de vestigios franquistas de la Diputación de Cáceres desde 2018.
Señalan también que el propio pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad, el 16 de diciembre de 2004, el traslado de la cruz al cementerio municipal, acuerdo que nunca llegó a ejecutarse.
Entre los argumentos de fondo, las entidades destacan que la cruz fue concebida en 1937, en plena Guerra Civil, con el fin de glorificar la dictadura franquista. Consideran que representa un símbolo de dolor para las familias de las más de 677 personas ejecutadas por la represión en Cáceres entre 1936 y 1943. Añaden que la retirada de sus placas en 1984 no alteró su función de exaltación totalitaria y que los informes técnicos la describen como una obra de diseño simple que carece de valor artístico excepcional.
Las asociaciones reclaman la cancelación del expediente, la publicación íntegra de los informes técnicos y la ejecución inmediata de la resolución estatal que ordena su retirada.
El colectivo sostiene que la memoria histórica se defiende «mediante la pedagogía y la investigación en museos y libros, no manteniendo monumentos de exaltación totalitaria en los espacios públicos compartidos».
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