El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido dar marcha atrás en uno de los proyectos más polémicos de su política de movilidad. El consistorio ha descartado implantar el Área de Prioridad Residencial, medida que estaba prevista para el próximo 15 de septiembre, y ha anunciado que revisará la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones para ajustarla a esta nueva decisión.
La resolución llega después de meses de análisis, reuniones con colectivos afectados y, sobre todo, tras conocer las conclusiones de un informe elaborado por el propio Servicio de Tráfico municipal. El documento es claro: poner en marcha el APR «no resulta necesario para alcanzar los objetivos ambientales y de tránsito perseguidos» y generaría «una complejidad técnica, administrativa y social que no se ve compensada por beneficios adicionales».
La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha reconocido que la idea del APR siempre generó dudas en su departamento. Según ha explicado, añadir una nueva capa regulatoria sobre un ámbito donde la ZBE apenas lleva un año funcionando «podía generar una complejidad importante». Por eso, antes de tomar una decisión, apostaron por escuchar a todos los implicados y respaldar el proceso con un análisis técnico.
En ese camino, el ayuntamiento se reunió tanto con EH Bildu, grupo que impulsó la incorporación del APR durante la tramitación de la ordenanza, como con comerciantes, hosteleros, asociaciones empresariales y gremios profesionales. Todos ellos alertaron de que la medida dificultaría la actividad económica, el abastecimiento y el acceso de clientes al centro de la ciudad.
El informe técnico subraya además que el APR y la ZBE regularían el mismo espacio, obligando a la ciudadanía a convivir con dos regímenes de acceso distintos, con autorizaciones y procedimientos diferentes. Una duplicidad que, según los técnicos, haría el sistema mucho más difícil de entender para los vecinos, que ya tuvieron que hacer «un importante esfuerzo» para asimilar el funcionamiento actual de la zona de bajas emisiones.
Otro argumento clave es que el tráfico de paso en el área afectada ya se ha reducido de forma significativa gracias a las actuaciones en Los Herrán, Portal del Rey y Nueva Fuera, además del efecto de la propia ZBE. El APR, por tanto, aportaría mejoras «muy limitadas» para los residentes.
El Departamento de Espacio Público y Barrios iniciará ahora el proceso para revisar la ordenanza y adaptarla a esta nueva realidad. La concejala lo resume con una idea sencilla: cada nueva restricción debe estar plenamente justificada. Esta, concluyen, no lo estaba.
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