La crisis en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, sigue coleando después de que el Boletín Oficial del Principado de Asturias publicara este lunes el cese de Aida Rodrigo Norniella como directora del centro. Para Vox, el relevo no cierra nada.
La diputada de la formación en la Junta General del Principado, Sara Álvarez Rouco, fue contundente: cambiar a quien dirige el centro no puede servir al Gobierno regional para hacer borrón y cuenta nueva con lo ocurrido durante las últimas semanas.
Según Álvarez Rouco, agosto ha sido un mes especialmente turbulento en Sograndio, con fugas de internos, altercados dentro del recinto y trabajadores que han resultado heridos. La parlamentaria apunta además que Rodrigo sería la segunda directora que abandona el puesto entre 2025 y 2026, lo que a juicio de Vox refleja un problema estructural y no puntual.
«Parece claro que Sograndio es una institución penal encubierta, sin medios, sobrepasada, obsoleta y desorganizada», afirmó la diputada, que añadió que la plantilla y el personal de vigilancia afrontan cada jornada con «angustia y temor».
Vox lleva semanas trasladando esta situación a la cámara autonómica mediante iniciativas parlamentarias, aunque asegura que sus reclamaciones fueron «rechazadas y desoídas» por el Ejecutivo. Álvarez Rouco responsabiliza directamente al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, a quienes acusa de haber «negado el conflicto» en sede parlamentaria.
La diputada ha exigido que ambos asuman «responsabilidades políticas» por los problemas de seguridad registrados en el centro y ha reclamado al Gobierno explicaciones públicas sobre cómo se ha llegado a esta situación.
Cabe recordar que Rodrigo había comunicado a principios de agosto a la Viceconsejería de Justicia su voluntad de dejar el cargo, por lo que el cese publicado este lunes formaliza una salida que ya era conocida en el entorno institucional.
El debate sobre el futuro del centro y las condiciones en las que trabaja su personal previsiblemente llegará de nuevo a la Junta General del Principado cuando se retome la actividad parlamentaria tras el verano.
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