El Procurador del Común de Castilla y León ha encendido las alarmas sobre la gestión de los expedientes sancionadores en materia ambiental en Zamora. Entre 2023 y 2025, 109 procedimientos quedaron sin sanción efectiva: 103 prescribieron por el paso del tiempo y otros seis caducaron antes de resolverse.
El dato, recogido en una resolución de oficio sobre los retrasos en la tramitación de este tipo de expedientes en las nueve provincias castellanoleonesas, pone de manifiesto que la maquinaria sancionadora ambiental zamorana no funciona con la agilidad que exige la ley.
Durante ese periodo, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora recibió un total de 1.315 denuncias. Sin embargo, 479 de ellas, es decir, el 36,43% del total, no llegaron a convertirse en ningún expediente sancionador. Más de una de cada tres denuncias presentadas por ciudadanos o agentes se perdió antes incluso de iniciar el procedimiento.
Del resto de denuncias que sí dieron lugar a la apertura de un expediente, 103 terminaron prescribiendo y seis caducaron, sumando ese total de 109 casos en los que la infracción denunciada quedó finalmente sin castigo.
Lo que resulta llamativo del caso zamorano es que esta situación no puede achacarse a la falta de personal especializado. A diferencia de otras provincias, donde una o dos plazas jurídicas vinculadas a la tramitación de estos procedimientos están vacantes, Zamora cuenta con sus tres puestos cubiertos al completo, igual que Ávila y Salamanca.
Eso abre una pregunta sin respuesta clara en la resolución: si el personal está en su puesto, ¿qué está fallando para que más de un centenar de expedientes hayan prescrito?
La situación más grave en el conjunto de la comunidad se da en Burgos, donde la escasez de personal jurídico se traduce en cifras aún más llamativas: de los expedientes tramitados, 869 prescribieron frente a apenas 38 que llegaron a resolverse.
En el conjunto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, existen 31 puestos jurídicos para estos procedimientos, de los cuales ocho permanecen vacantes.
El Procurador del Común advierte de que esta dinámica pone en riesgo el principio de eficacia de la acción sancionadora del Estado y puede desalentar a quienes denuncian infracciones ambientales al comprobar que el tiempo, más que la justicia, acaba siendo el árbitro de muchos casos.
