La declaración de zonas tensionadas en Oviedo centra esta semana un encendido debate político en el Consistorio capitalino, después de que el alcalde Alfredo Canteli anunciase el domingo su intención de recurrir la medida impulsada desde la Consejería de Ordenación del Territorio.
La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, no tardó en responder al regidor recordándole que la declaración seguirá adelante independientemente de la postura municipal, ya que, según sus palabras, «habrá zonas tensionadas porque es un asunto constitucional, no solamente de los ayuntamientos».
Pontón lanzó un desafío directo a Canteli: entrar en cualquier portal inmobiliario y tratar de encontrar un piso de dos habitaciones en la ciudad por menos de 800 euros que no sea una oferta temporal destinada a estudiantes. También le retó a localizar uno de tres o cuatro habitaciones por menos de 1.000 euros. Un ejercicio, dijo, que ilustra mejor que cualquier dato la situación que viven las familias ovetenses.
Y los datos acompañan ese relato. Según la edil, los precios del alquiler en Oviedo han crecido un 31% en los últimos cinco años, convirtiendo al concejo en el de mayor subida media de alquiler de la región. La concejala defendió que la regulación de la vivienda existente es tan necesaria como la construcción pública de nuevas viviendas, y advirtió de que poner la obra nueva en manos del mercado solo alimenta la burbuja.
«Estamos ante una emergencia familiar y las medidas deben tener efecto inmediato», subrayó Pontón, quien cifró el objetivo de la declaración de zonas tensionadas en lograr que los alquileres en determinados barrios bajen a una media de entre 450 y 500 euros.
Desde el Grupo Municipal de Vox, la portavoz Sonsoles Peralta rechazó de forma tajante la propuesta de IU y defendió un modelo opuesto: liberar suelo, agilizar licencias, reducir impuestos y eliminar trabas burocráticas. Para Vox, la intervención en el mercado agrava el problema en lugar de resolverlo, y la solución pasa por aumentar la oferta disponible y proteger a los propietarios.
El debate deja así un mapa político claro en el Ayuntamiento de Oviedo: IU empujando hacia la regulación, Vox apostando por la desregulación y el alcalde del PP anunciando batalla legal contra una medida que, según la normativa vigente, escapa en buena parte a su control.
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