El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abierto la puerta a ceder la gestión de los trenes de Cercanías a la Comunidad de Madrid, pero ha dejado claro que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, critica el servicio sin estar dispuesta a asumir su responsabilidad.
El ministro hizo estas declaraciones en una entrevista concedida esta semana, en la que recordó que ya trasladó esta propuesta tanto a Ayuso como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras las reiteradas quejas de ambos mandatarios sobre la gestión estatal de estos trenes.
«Se quejan pero no lo quieren», resumió con contundencia Puente, quien subrayó que el Gobierno no tiene ninguna intención de monopolizar unos servicios que, por su naturaleza, son de proximidad.
Actualmente, el Estado gestiona en exclusiva las Cercanías de Renfe en todo el territorio nacional, con la única excepción de Cataluña, donde la Generalitat ya comparte la gestión a través de una empresa conjunta. El avance en la transferencia de los Rodalies catalanes ha reabierto el debate sobre si otras comunidades podrían seguir ese mismo camino.
«No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad. Mientras no haya ese tipo de petición, vamos a seguir trabajando en las Cercanías de este país, tratando de mejorarlas», insistió el ministro, quien ese mismo día viajó a Xàtiva para probar un nuevo tren destinado a reforzar el servicio en Valencia.
Puente citó mejoras en marcha en Madrid, Asturias, Cantabria, País Vasco, Málaga, Sevilla y los Rodalies, y dejó abierta la puerta sin ambigüedades: si alguna comunidad quiere asumir esos servicios, no habrá ningún obstáculo desde el Gobierno central.
El ministro también aprovechó para lamentar el bloqueo político que sufre la ampliación del abono único de transportes, actualmente fijado en 60 euros mensuales e incluye Cercanías, media distancia y autobuses de largo recorrido. Para que el metro, los autobuses urbanos y el tranvía se integren en ese mismo título, hace falta la colaboración de comunidades y ayuntamientos.
«Están dispuestos a machacar a los ciudadanos con tal de no darle una baza al señor Puente», afirmó, poniendo como ejemplo el modelo alemán, donde un bono similar cuesta 63 euros e integra todos los transportes públicos del país.
La pelota, por tanto, queda en el tejado de la Comunidad de Madrid.
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