Menorca tiene un problema de transparencia institucional. Un estudio elaborado por investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona ha evaluado la información que los ayuntamientos de la isla publican en sus páginas web para los ciudadanos, y el resultado no es precisamente halagüeño.
De los nueve municipios menorquines, solo Maó y Ciutadella superan el aprobado. El Consell Insular también pasa el corte, con una nota de 5,3. El resto suspende, y algunos de forma estrepitosa.
El análisis, denominado Mapa Infoparticipa, examina hasta 54 indicadores relacionados con la Ley de Transparencia de 2013, que obliga a todas las administraciones a publicar en sus webs información de interés para la ciudadanía. Maó cumple 33 de esos criterios y Ciutadella, 30, aunque ambos tienen aún margen de mejora. Ninguno de los dos informa, por ejemplo, sobre decretos de alcaldía, retribuciones de cargos políticos, subvenciones concedidas o convenios firmados con medios de comunicación.
La situación es mucho más grave en el extremo contrario de la tabla. Es Migjorn Gran es el ayuntamiento peor valorado no solo de Menorca, sino de toda la comunidad autónoma balear. Apenas cumple seis de los 54 criterios analizados. En su web no hay información sobre los miembros de la corporación, ni sobre cómo se gestionan los recursos públicos. Tampoco existe ningún apartado de participación ciudadana.
Ferreries no está muy lejos, cumpliendo solo siete criterios. Alaior, Es Mercadal, Sant Lluís y Es Castell también suspenden, aunque con resultados algo menos alarmantes.
El estudio deja claro que la transparencia total es posible. Santa Eulària des Riu, en Ibiza, obtiene una puntuación perfecta de 10 al cumplir el cien por cien de los indicadores. En Balears, solo siete municipios aprueban en total, y dos de ellos son menorquines.
El incumplimiento generalizado no es una cuestión menor. La transparencia es un pilar fundamental de la democracia local y permite a los vecinos saber cómo se gasta su dinero, qué decisiones toman sus representantes y cómo pueden participar en la vida pública de su municipio.
Que la mayoría de los ayuntamientos de la isla ignoren esta obligación legal, más de una década después de que la norma entrara en vigor, debería ser motivo de reflexión y, sobre todo, de acción por parte de los responsables políticos.
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