El servicio de transporte urbano de Azuqueca de Henares opera desde el pasado 29 de julio sin contrato vigente. El Grupo Municipal VOX ha denunciado públicamente esta situación, alertando de que el equipo de Gobierno no ha iniciado aún la licitación de un nuevo contrato y tampoco ha explicado bajo qué cobertura legal continúa prestándose el servicio.
El contrato que regulaba la gestión del transporte colectivo de viajeros fue adjudicado en 2016 a la empresa MAITOURS, S.L. por un periodo de diez años. Mediante acuerdo plenario, se prorrogó hasta finales de julio de este año, fecha en la que venció definitivamente.
Lo que más sorprende del caso es que la propia Secretaría del Ayuntamiento advirtió por escrito, en un informe fechado el 3 de noviembre de 2025, de la próxima expiración del contrato y de la necesidad de licitar uno nuevo. El documento también recogía que, si no se contaba con un nuevo adjudicatario a tiempo, sería necesaria una prórroga forzosa que requeriría un acuerdo expreso del Pleno.
El concejal y portavoz de VOX, Miguel Ángel Flores, ya trasladó esta preocupación durante el pleno de marzo, advirtiendo del riesgo de llegar al vencimiento sin haber puesto en marcha el proceso de licitación. Sus palabras, al parecer, no tuvieron respuesta por parte del ejecutivo local.
Cinco meses después, la situación que Flores anticipó se ha hecho realidad. Según el edil, el equipo de Gobierno ha tenido tiempo de sobra para actuar y, sin embargo, la falta de previsión ha convertido un problema administrativo en un vacío legal que afecta a un servicio público esencial para los vecinos de la ciudad.
Desde VOX consideran que este episodio no es un caso aislado, sino una muestra más de lo que califican como parálisis gestora en el Ayuntamiento. Flores ha pedido al alcalde, Miguel Óscar Aparicio, que explique públicamente en qué situación se encuentra el contrato y qué medidas se han adoptado para garantizar la correcta prestación del servicio.
Los autobuses siguen circulando por las calles de Azuqueca, pero la pregunta que queda en el aire es clara: ¿con qué respaldo legal lo hacen? Los vecinos, de momento, esperan una respuesta que no ha llegado.
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