El Grupo Popular de la Diputación de Salamanca ha salido en defensa del diputado de Carreteras, Jesús María Ortiz, rechazando la petición de dimisión formulada por el PSOE tras el incendio registrado el pasado mes de julio en la localidad de Monsagro.
Los socialistas habían convocado una rueda de prensa para denunciar que el fuego se originó durante unos trabajos de mejora en la carretera provincial DSA-352, en los que se utilizó maquinaria prohibida mientras estaba activa una alerta máxima por riesgo de incendios. Según la Guardia Civil, esa fue la causa del siniestro.
Ante estas acusaciones, el Grupo Popular respondió con un comunicado en el que rechaza de plano que la institución provincial deba asumir la responsabilidad directa de lo ocurrido. Según los populares, en el momento de los hechos las empresas que operaban en el territorio conocían perfectamente el nivel máximo de alerta por incendios y estaban obligadas a adoptar las medidas preventivas correspondientes, incluyendo la paralización de ciertas actividades.
La Diputación subraya que la propia empresa adjudicataria reconoció haber trasladado esa información a sus trabajadores, por lo que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa recaía directamente sobre ella.
El comunicado insiste además en que tanto la maquinaria como el personal que ejecutaba los trabajos pertenecen a la empresa contratista, no a la institución provincial. En ese sentido, los populares advierten de que no se puede equiparar la función de la Diputación como entidad contratante con la responsabilidad material de quien ejecuta las obras sobre el terreno.
La institución asegura que su papel es establecer las condiciones de los contratos y exigir a las adjudicatarias el cumplimiento de la legislación vigente, pero que la ejecución corresponde enteramente a las empresas contratadas.
El PP cierra su comunicado comprometiéndose a seguir velando por la correcta prestación de los servicios provinciales y por el cumplimiento de todas las medidas de prevención, especialmente en situaciones de máximo riesgo de incendio.
La polémica en torno al incendio de Monsagro sigue abierta, con dos lecturas políticas completamente opuestas sobre quién debe rendir cuentas por lo sucedido.
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