El Servicio Extremeño de Salud trabaja en un nuevo contrato de vigilancia y seguridad para sus centros sanitarios que supondrá una mejora salarial del 18% para los trabajadores que prestan este servicio en hospitales y centros de salud de toda la región.
La Consejería de Salud de la Junta de Extremadura ha confirmado que el contrato vigente finaliza el próximo 15 de octubre y que fue licitado en 2021 bajo unas condiciones económicas muy distintas a las actuales. Según el gobierno regional, aquel acuerdo preveía una actualización acumulada del 2% para el periodo 2022-2026, una cifra que ha quedado muy lejos de la realidad del sector.
Los costes salariales en el ámbito de la seguridad privada han crecido un 18% durante ese mismo periodo como consecuencia de las sucesivas actualizaciones del Convenio de Seguridad Privada, lo que ha dejado el contrato actual claramente desfasado tanto para los trabajadores como para el propio servicio.
El nuevo expediente, según ha explicado la consejería, se está diseñando para adaptarse a esa realidad. Entre las mejoras previstas se incluyen la actualización de los costes salariales, una estructura económica ajustada a los gastos reales del servicio, la definición más precisa de las prestaciones vinculadas a la Dirección y al Departamento de Seguridad, el refuerzo de efectivos en los centros que lo necesiten y mejoras en tecnología, formación y control de calidad.
El anuncio llega después de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, denunciara que la Junta no había licitado todavía el nuevo contrato y acusara al Ejecutivo autonómico de mantener a los trabajadores en la incertidumbre a apenas semanas del vencimiento del actual.
La Consejería de Salud ha rechazado ese «alarmismo» y ha asegurado que la continuidad del servicio está garantizada. El gobierno regional defiende que el nuevo contrato será más moderno, sólido y adaptado a las necesidades actuales de la sanidad pública extremeña.
Los trabajadores del sector, que llevan años reclamando condiciones más justas, podrían ver reconocida esa diferencia salarial acumulada con la entrada en vigor del nuevo acuerdo, aunque la fecha exacta de la licitación aún no ha sido anunciada oficialmente.
