Los inspectores del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco revisaron el año pasado la situación de 1.710 domicilios protegidos en Álava. De todos ellos, solo 78 recibieron una visita física. Bastó esa muestra para aflorar 38 irregularidades que retratan un problema enquistado en el parque social alavés.
Los datos fueron remitidos al Parlamento vasco a petición del PP y dibujan un panorama preocupante. Entre las irregularidades detectadas, la mayoría corresponden a ausencias del titular, un total de 32 casos. Sin embargo, la que más alarma genera es la constatación de al menos un alquiler no autorizado, además de dos viviendas que se encontraban vacías.
El subalquiler ilegal en pisos sociales de Vitoria no es una novedad. Desde hace años circula en la ciudad una red informal de arrendamientos que se mueve exclusivamente por el boca a boca, grupos de WhatsApp y Telegram. Los anuncios nunca se publican de forma abierta, precisamente para evitar ser detectados. El precio ronda los 350 euros mensuales por habitación, una cifra que ha ido escalando con los años por la presión de la demanda. Lo que antes costaba alquilar un piso completo, ahora es lo que se paga solo por una habitación.
La situación ha obligado incluso a Alokabide, el ente público de alquiler del Gobierno vasco, a adaptar sus escritos judiciales. Sus demandas incluyen ahora la expresión contra el okupa y contra los ignorados ocupantes, una fórmula que permite actuar con independencia de quién ocupe el inmueble en el momento del desalojo. Y es que la Policía Local de Vitoria, encargada de ejecutar estos lanzamientos, asegura que en ocho de cada diez casos quien abre la puerta no es la persona que figura en el mandato judicial.
Pese a todo, la respuesta sancionadora sigue siendo escasa. En Álava se han tramitado once expedientes a lo largo del último año, siete en Vitoria y cuatro en Llodio. Pero ninguno ha derivado todavía en una multa con importe fijado. En el conjunto de Euskadi, con 254 irregularidades documentadas por la Inspección, solo existe una sanción firme. El Ejecutivo vasco ha reclamado un total de 79.084 euros en toda la comunidad, de los que ya ha cobrado algo más de 55.000.
La brecha entre lo detectado y lo sancionado sigue siendo el talón de Aquiles de un sistema que, por ahora, encuentra más irregularidades de las que es capaz de perseguir.
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