El consistorio valenciano ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que corrija su sentencia sobre la moratoria hotelera en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, al considerar que el fallo omite datos clave sobre el número real de solicitudes de licencias presentadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV declaró nula la moratoria que suspendía la tramitación de licencias para nuevos hoteles en el barrio, argumentando que solo se había recibido una solicitud para un establecimiento de 78 plazas en 2024. Según el tribunal, esa cifra no era suficiente para justificar una presión turística que afectara al entorno urbano ni al derecho a la vivienda de los vecinos.
El Ayuntamiento, sin embargo, discrepa frontalmente de ese razonamiento. En un comunicado, el gobierno local advierte de que la sentencia no tuvo en cuenta las licencias tramitadas a través del Servicio de Actividades, donde constan solicitudes para nueve establecimientos hoteleros más.
El consistorio subraya que estas licencias no son simples permisos de actividad en edificios ya existentes, sino que implican obras de edificación y de instalación propias de un hotel, por lo que su tramitación conjunta con la licencia urbanística es obligatoria y deben computar a todos los efectos.
Con esos datos sobre la mesa, el Ayuntamiento concluye que añadir diez nuevos hoteles a los quince que ya funcionan en el ámbito del Cabanyal sí representa un incremento notable del uso terciario hotelero en detrimento del residencial, en un territorio de dimensiones reducidas.
Desde Compromís, la portavoz municipal Papi Robles ha lanzado una advertencia distinta pero igual de grave: el riesgo económico que esta sentencia supone para las arcas municipales. La coalición señala que los promotores afectados por la moratoria anulada podrían reclamar indemnizaciones millonarias o exigir la tramitación inmediata de sus expedientes paralizados.
Robles ha recordado además que esta es la segunda vez en dos años que los tribunales tumban una moratoria turística impulsada por el gobierno de María José Català. La primera cayó parcialmente en abril, y en ambos casos los jueces apreciaron deficiencias técnicas o falta de proporcionalidad en la medida.
Compromís ha denunciado que este patrón no es casual, sino el resultado de una forma de legislar que no supera el control judicial y que, a la larga, traslada el coste de los errores políticos a los ciudadanos valencianos.
El barrio del Cabanyal, histórico enclave costero que afronta desde hace años una intensa presión turística, vuelve así a convertirse en el epicentro de un debate que combina urbanismo, justicia y dinero público.
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