La Consejería de Derechos Sociales de Asturias no descarta buscar una ubicación alternativa para el piso tutelado destinado a ocho jóvenes extranjeros en el barrio ovetense de La Florida, ante la escalada de protestas que se ha desatado en la zona en los últimos días.
La consejera Concepción Saavedra se reunió este lunes con representantes del Ayuntamiento de Oviedo y con la comunidad de vecinos del edificio, cuya presidenta, Enedina Fernández, declinó hacer declaraciones tras el encuentro. La concejala de Políticas Sociales, María Velasco, también estuvo presente en la reunión, que transcurrió en un ambiente de tensión contenida.
Saavedra dejó claro que la seguridad y el bienestar de los menores es la prioridad absoluta, por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, reconoció que la presión social generada en el barrio obliga a valorar todas las opciones disponibles.
«Si queremos que tengan la máxima seguridad y protección, habrá que valorar la situación para un futuro. No queremos poner a los niños en una situación crítica o complicada», afirmó la consejera, quien también apuntó que las protestas tienen una motivación política e ideológica detrás.
La consejera aclaró que los trámites administrativos para habilitar la vivienda siguen su curso, pero que la decisión final dependerá de los resultados de la inspección de servicios sociales. Insistió en que La Florida es, por ahora, una de las ubicaciones barajadas, no la única ni la definitiva.
Por su parte, Víctor González, director territorial de la Fundación Diagrama, entidad encargada de gestionar el recurso, intentó calmar los ánimos con datos sobre su trayectoria. «Llevamos una década con este modelo y nunca hemos tenido incidentes. Solo queremos que los chicos tengan sus necesidades cubiertas y una preparación para la inserción laboral», subrayó.
González también reveló que los propios jóvenes están padeciendo las consecuencias del clima de hostilidad, mostrando «desasosiego» ante el rechazo que encuentran en redes sociales antes incluso de haber llegado al barrio.
El caso ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende lo urbanístico y social: hasta qué punto la presión vecinal puede condicionar las decisiones de la administración en materia de protección de menores. La respuesta del Principado, por ahora, intenta equilibrar el respeto a los residentes con la obligación legal de proteger a los más vulnerables.
